Publicado 03/09/2021 10:17CET

Imputan a un tercer militar boliviano por las muertes de Sacaba durante las protestas postelectorales de 2019

Archivo - Militares bolivianos
Archivo - Militares bolivianos - TWITTER - Archivo

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades bolivianas han informado de que un tercer militar ha sido imputado por su presunta implicación en las muertes registradas a manos de las fuerzas de seguridad durante las protestas postelectorales que tuvieron lugar en Sacaba, Cochabamba, en 2019.

El hombre, identificado como Israel R. V., ha sido acusado de liderar un grupo de élite encargado de intervenir en la marcha a favor del expresidente Evo Morales --al que la oposición acusó de fraude electoral-- y tendrá que pasar cuatro meses en prisión.

El capitán de la Fuerza Aérea Boliviana ha sido trasladado a prisión, donde permanecerá bajo custodia de manera cautelar, por lo que se suma a otros dos militar y un policía que han sido procesados en relación con los hechos violentos registrados en Sacaba.

Gerardo Puma, el abogado de las víctimas, ha aclarado que el grupo de élite que participó en el incidente portaba fusiles de asalto Galil, según informaciones del diario boliviano 'La Razón'.

"Con ese armamento han matado a los 10 hermanos según las autopsias realizadas por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF)", ha asegurado el letrado. El operativo en cuestión dejó además decenas de heridos por impactos de bala. Junto a él han sido procesados Jaime Zurita, excomandante departamental de la Policía, y el excomandante de la guarnición militar de Cochabamba, el general Alfredo Cuéllar.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigó lo ocurrido en 2019 calificó la intervención en Sacaba de masacre. Los hechos tuvieron lugar poco después de la dimisión de Morales, que se vio acorralado por las denuncias de fraude electoral y las fuertes protestas.

Ahora, los familiares de las víctimas de Sacaba han anunciado por su parte el inicio de un proceso penal contra la expresidenta interina Jeanine Áñez y sus ministros, que firmaron un decreto en el que eximían a las Fuerzas Armadas y a la Policía de la responsabilidad por lo sucedido.

"Nosotros, como víctimas, vamos a iniciar un análisis y medidas penales contra los actores del golpe de Estado y los que han financiado la masacre, quiénes han dado la orden, quiénes han firmado ese maldito decreto, que les da la inmunidad a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana para que puedan matar libremente", ha dicho Ismael Marquina, representante de los heridos y las víctimas que murieron en el puente Huayllani, en el municipio de Sacaba.

Contador