Publicado 22/04/2026 12:01

Las investigaciones sobre las protestas de 2025 en Indonesia apuntan al uso de la violencia sexual contra menores

Archivo - Imagen de archivo de las protestas de 2025 contra el Gobierno de Indonesia.
Archivo - Imagen de archivo de las protestas de 2025 contra el Gobierno de Indonesia. - Europa Press/Contacto/Risa Krisadhi - Archivo

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las comisiones de investigación formadas por el Gobierno de Indonesia tras las protestas contra el Gobierno registradas en 2025 han hallado este miércoles indicios de que se produjeron numerosas violaciones de los Derechos Humanos a manos de las fuerzas de seguridad del país, así como casos de violencia sexual contra menores.

Estos grupos, entre los que se encuentran la Comisión Nacional para los Derechos Humanos, la Comisión Nacional sobre la Violencia Contra las Mujeres y la Defensoría del Pueblo de Indonesia, entre otras, han indicado que unas 5.000 personas fueron detenidas durante las manifestaciones que tuvieron lugar entre agosto y septiembre del años pasado.

Dichas protestas, que se iniciaron por la muerte de un repartidor que fue atropellado por un vehículo policial, se saldaron con once muertos y una decena de desaparecidos. Muchos de los detenidos denunciaron haber sido objeto de malos tratos, palizas e incluso tortura a manos de las fuerzas de seguridad.

Las comisiones --que han operado de forma independiente aunque fueron formadas por el Gobierno-- apuntan a que existen indicios de que se produjeron dichas violaciones. "Hay indicios de que se han producido violaciones de los Derechos Humanos en masa", ha aclarado Saurlin Siagian, miembro de la Comisión Nacional para los Derechos Humanos, según informaciones recogidas por la agencia de noticias Antara.

Las protestas, que inicialmente fueron pacíficas, derivaron posteriormente en disturbios ante la creciente intervención policial. En ellas participaron miles de estudiantes, obreros y activistas que exigían la disolución del Parlamento y la aprobación de una Ley de Embargo de Activos, una proposición de ley que permitiría embargar bienes en el marco de investigaciones delictivas y de corrupción.

Además, expresaron su malestar tras revelarse que el Gobierno había aprobado una dieta por vivienda para los diputados de unas 50 millones de rupias (unos 2.640 euros) mensuales, muy lejos de los 380 euros mensuales de ingresos per cápita que tiene de media la población del país.

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