BOGOTÁ, 11 May. (Notimérica) -
El senador y expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, es investigado por la Sala de Instrucción de Aforados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) "por los delitos de concierto para delinquir, homicidio y otros". Varios testigos del mismo caso han sido asesinados o su seguridad está en riesgo.
La CSJ posee grabaciones en vídeo y otros tipos de pruebas documentales en las que aparecen varios abogados de Uribe amenazando y tratando de sobornar a testigos, según ha relatado una fuente de la Fiscalía General de la Nación a 'La Nueva Prensa'.
MONSALVE PINEDA
La investigación es dirigida por el presidente de la CSJ, el magistrado José Luis Barceló Camacho. En un auto del pasado 9 de abril, Camacho pide a la Unidad de Protección de Testigos de la Fiscalía una especial atención para un testigo de cargo contra Uribe llamado Guillermo Monsalve Pineda.
En el texto, el magistrado señala que Pineda "se encuentra privado de la libertad en la cárcel Picota y desde que se dio a conocer su nombre, en 2011, como testigo de excepción de algunos de los hechos delictivos que le atribuyen a los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez, ha sufrido dos atentados contra su vida, uno en la cárcel de Cómbit y otro en la cárcel Modelo".
Camacho ha podido acceder a filmaciones del Instituto Penitenciario de Colombia en las que se puede ver cómo dos abogados penalistas visitan a Monsalve en la mencionada prisión de La Picota y amenazan de muerte a su familia para que cambie su testimonio. También le prometen usar una amistad con el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, para que obtenga la libertad tres meses después de acceder a lo que le exigen. Sin embargo, Monsalve no cede.
"Monsalve ha recibido visitas de un abogado a nombre del doctor Uribe, con el fin de que se retracte de sus manifestaciones. También ha ido, con el mismo propósito coercitivo, un congresista de Huila, de apellido Prada", ha contado la mencionada fuente de la Fiscalía General de la Nación, quien sostiene que esas exigencias a Pineda están filmadas "de manera legal".
Además, Camacho asegura que otros dos testigos, Gabiel Muñoz Ramírez y Ramiro de Jesús Henao Aguilar, han sido forzados a dar declaraciones contrarias a la verdad y en beneficio de Uribe. El responsable de su cambio de testimonio fue el abogado Wilser Molina Molina, quien aparece en grabaciones recibiendo instrucciones del exmandatario para que consiga declaraciones falsas en su favor.
El magistrado atribuye a Uribe una serie de asesinatos perpetrados "en predios de la hacienda Guacharacas, predio de la familia Uribe Vélez". Sostiene que Monsalve Pineda "fue testigo y participó de varios de los homicidios cometidos entre 1996 y 1997 en los municipios de San Roque, Santo Domingo y otros". Pineda también conocería cómo se conformó "un grupo armado ilegal en cuyo auspicio participaron Álvaro y Santiago Uribe Vélez, Alberto y Juan Guillermo Villegas y Santiago Gallón Henao".
OTROS TESTIGOS
Pineda no es el mismo testigo con información contra Uribe que ha sufrido riesgos para su seguridad. También lo han padecido su esposa, Deyanarira Gómez Sarmiento, y el paramilitar Pablo Hernán Sierra.
Camacho indica que Sarmiento "ha comparecido como testigo y ha aportado y colaborado en la obtención de información relevante, incluso con riesgo para su seguridad personal".
Se añade el caso del paramilitar Carlos Enrique Areiza, quien estaba incluido en la petición de protección especial para Monsalve y fue asesinado el pasado mes de abril.
Otros testigos eran José Orlando Moncada Zapata y Francisco Villalba. El primero sobrevivió a un ataque de varios sicarios provistos de armas de guerra y se encuentra en paradero desconocido. El segundo fue asesinado en 2009, después de que hubiera declarado contra Uribe y ser puesto en libertad condicional.
"La Sala Penal de la Corte Suprema de Colombia ha demostrado una notable valentía al iniciar esta investigación sobre Uribe. Pero tal vez nunca se descubra la verdad si las autoridades penitenciarias, la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección no garantizan la máxima protección a los testigos y sus familiares", asegura el director para las Américas de Human Rights Watch, José Manuel Vivanco.