NUEVA YORK, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Seguridad de la ONU ha denunciado este viernes las "ejecuciones extrajudiciales" de manifestantes perpetradas por grupos de individuos armados no identificados. La condena se refiere a la muerte de 25 personas --tres de ellos policías-- en una de las plazas ocupadas por los manifestantes desde hace semanas.
Además de los muertos, en el ataque del 6 de diciembre se contabilizaron al menos 130 heridos. El ataque con armas de fuego y cuchillos se produjo en el puente Sinak, junto a la plaza Tahrir, epicentro de las protestas.
"Los miembros del Consejo de Seguridad han expresado su preocupación por la implicación de grupos armados en ejecuciones extrajudiciales y secuestros y piden máxima contención a las partes para evitar la violencia o la destrucción de infraestructuras", ha informado el organismo en un comunicado.
En concreto expresan su "grave preocupación por la pérdida de vidas" de quienes se manifiestan y los ataques contra manifestantes desarmados y piden a las autoridades iraquíes una "pronta y rápida" investigación de la violencia contra manifestantes.
Además, aboga por un diálogo "constructivo" entre el Gobierno y los manifestantes para abordar "urgentemente" las "legítimas" demandas del pueblo iraquí sobre desigualdad económica, gobierno y legislación electoral.
La declaración del Consejo reitera además su apoyo a la misión de la ONU en Irak y a la recuperación, reconstrucción, reconciliación, desarrollo, reformas y estabilización del país.
LAS PROTESTAS
Las protestas, que comenzaron en octubre y se han saldado con más de 450 muertos, exigen una reforma política total en Irak para acabar con la corrupción endémica en el país y la desigualdad en la distribución de los beneficios del petróleo.
Asimismo, solicitan la dimisión del Gobierno en pleno, la disolución del Parlamento y, en términos generales, la desaparición del sistema político establecido tras la invasión de Estados Unidos en 2003.
La mayor parte de las víctimas mortales son consecuencia de la represión ejercida por las fuerzas de seguridad, que han empleado con asiduidad munición real para dispersar a los manifestantes.
El Gobierno, a su vez, ha defendido esta respuesta al asegurar que entre los manifestantes había "delincuentes escondidos" con la misión de iniciar altercados a tiros.
La crisis política ha provocado hasta la fecha la dimisión del primer ministro, Adel Abdul Mahdi. El presidente del Parlamento, Mohamed Halbusi, pidió el 3 de diciembre al presidente del país, Barham Salí, que designe a un nuevo primer ministro, para lo que tiene 15 días. Tras ello, se abrirá un plazo de 30 días para formar el nuevo gobierno.