MADRID, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -
La ONG Amnistía Internacional ha exigido que las autoridades iraníes detengan de inmediato la ejecución prevista de un joven de 17 años condenado a muerte, por un crimen que cometió cuando era un niño, y pide a Naciones Unidas y la UE que intervengan "urgentemente"
El condenado, Arman Abdolali, ya ha sido trasladado a una celda individual donde permanecerá confinado hasta este miércoles, cuando está prevista que se celebre su ejecución, ha explicado la ONG en un comunicado.
Sin embargo, Amnistía Internacional ha recordado que esta ejecución ya fue programada anteriormente en hasta dos ocasiones --en enero de 2020 y en julio de 2021-- pero que las protestas a nivel internacional frenaron a las autoridades iraníes.
Es en base a esto por lo que la asociación ha instado a la comunidad internacional, incluidas Naciones Unidas y la UE, para que intervengan "urgentemente" para salvar su vida.
"El uso de la pena de muerte contra personas que tenían menos de 18 años en el momento en que se cometió el crimen está prohibido por el derecho internacional y constituye una aberración asalto a los derechos del niño", ha explicado la directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y África del Norte, Diana Eltahawy.
Eltahawy ha acusado a las autoridades de Irán de demostrar "su despiadada intención de recurrir a la pena de muerte en total desprecio por sus obligaciones" en virtud del derecho internacional al programar por tercera vez la ejecución de Abdolali.
Respecto a la acusación, Amnistía Internacional ha criticado que Irán llevase a cabo un juicio "manifiestamente injusto", en el que el tribunal se basó en "confesiones" obtenidas mediante torturas, para condenar a Abdolali por el supuesto asesinato de su pareja en 2014.
La organización por los Derechos Humanos ha remarcado la prohibición legal internacional de condenar a muerte a personas que eran niños cuando, presuntamente, cometieron el delito del que se les acusa, por lo que rechaza cualquier resolución judicial basada en la "madurez" del individuo o su "comprensión del delito".
Tanto en el juicio como en los veredictos de apelación se señalaron las denuncias del acusado sobre que estuvo recluido en régimen de aislamiento durante 76 días y que fue golpeado para "confesar". Sin embargo, no se ordenó ninguna investigación y las "confesiones" fueron calificados por el tribunal como "inequívocas".
En septiembre de 2020 se volvió a llevar a cabo un juicio en el que, si bien el tribunal dictaminó que no era posible determinar la "madurez" del presunto asesino, en ausencia de evidencia en el sentido contrario, su responsabilidad penal seguía en pie.
Es por esto que Amnistía Internacional ha solicitado a las autoridades iraníes que anulen la condena contra Abdolali y le concedan un nuevo juicio en conformidad con las normas internacionales sin recurrir a confesiones forzadas o al uso de la pena de muerte.
Finalmente, la asociación ha lamentado que en la legislación de Irán, en los casos de asesinato, se considere a los niños mayores de quince años lunares y las niñas mayores de nueve años lunares como adultos.
Es por esto que se les puede condenar con la pena de muerte. Sin embargo, un artículo del Código Penal Islámico otorga a los jueces la discreción de reemplazar la pena de muerte por una sentencia alternativa si creen que existen dudas sobre la "madurez" del individuo en el momento del crimen.
"Este caso destaca la naturaleza profundamente deficiente del sistema de justicia infantil de Irán. Instamos nuevamente a las autoridades iraníes a que pongan fin a las violaciones del derecho a la vida y los derechos del niño mediante la enmienda del Código Penal para prohibir el uso de la pena de muerte contra cualquier persona que tuviese menos de 18 años en el momento del delito", ha zanjado Eltahawy.
Irán ejecutó a, al menos, tres personas que tenían menos de 18 años en el momento del delito en el año 2020. A principios de este, ejecutaron en secreto a Sajad Sanjari, un joven que tenía quince años en el momento que cometió el delito. El pasado año, las autoridades iraníes llevaron a cabo al menos 246 ejecuciones, el segundo país del mundo que más realizó.