MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -
La organización Human Rights Watch (HRW) ha pedido a las autoridades iraníes que investiguen "con transparencia" el presunto uso de fuerza excesiva aplicado por las fuerzas de seguridad de la república islámica a la hora de dispersar una concentración de la marginada minoría baloche en la provincia de Sistán y Baluchistán, cerca de Pakistán, que se saldó con una decena de muertos el pasado 22 de febrero.
Según el relato de la Campaña de Activistas Baloches, ese día la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán bloqueó la carretera que utilizan los residentes para transportar combustible a Pakistán en la zona fronteriza de Eskan, en la ciudad de Saravan, y aparentemente abrieron fuego contra la gente que intentaba despejar el camino.
"Las autoridades iraníes deben realizar urgentemente una investigación transparente e imparcial sobre los tiroteos en la frontera de Saravan", ha indicado la investigadora para Irán de HRW, Tara Sepehri Far.
"Las autoridades deben responsabilizar a los responsables de las irregularidades, indemnizar adecuadamente a las víctimas y garantizar que los guardias fronterizos estén tomando las máximas precauciones para respetar el derecho a la vida y otros Derechos Humanos", ha añadido.
CIERRE DE COMUNICACIONES
El suceso se ha visto caracterizado por el secretismo. Varios activistas han denunciado que el acceso a Internet en la zona quedó interrumpido poco después del incidente. El 25 de febrero, varios operadores de redes móviles cerraron el acceso a internet en varias partes de la provincia, incluidas Zahedan y Saravan, donde más del 95 por ciento de los usuarios de internet en la provincia están conectados a través del servicio móvil.
La provincia de Sistán y Baluchistán tiene una alta tasa de pobreza y carece de acceso a una infraestructura económica y social desarrollada. Al igual que en las provincias occidentales de Azerbaiyán occidental y Kurdistán, su falta de oportunidades económicas ha llevado a muchos residentes a participar en el comercio transfronterizo ilegal con Pakistán e Irak.
Durante los últimos tres años, denuncia HRW, las autoridades iraníes "han utilizado cada vez más los cierres de Internet a gran escala durante períodos de disturbios y protestas para interrumpir el acceso a la información para las comunidades locales y los observadores internacionales".
"Los cierres de internet violan múltiples derechos, incluidos los derechos a la libertad de expresión y acceso a la información, y los derechos de reunión y asociación pacíficas", añade la ONG.
El relato oficial de los hechos sitúa a Pakistán como el territorio donde comenzó la disputa. El vicegobernador de seguridad de Sistán y Baluchistán, Mohamad Hadi Marashi, explicó el 23 de febrero que el tiroteo comenzó en el lado paquistaní de la frontera y dijo que dos personas habían muerto.
Dos días después, el 25 de febrero, la Agencia de Noticias de la República Islámica (IRNA) informó que Ali Ahmad Mouhebati, gobernador de Sistán y Baluchistán, explicó a los notables locales que tres personas habían muerto en el incidente, dos de ellas en Pakistán.
La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA) informó que el mismo día estalló la violencia cuando los manifestantes se reunieron frente a la oficina del gobernador en Saravan. La Policía utilizó gases lacrimógenos y disparó balas para dispersar a la multitud, dijo HRANA. No está claro si algún manifestante resultó herido durante el incidente.
Así las cosas, HRW pide al Gobierno iraní que acate "los principios básicos de las Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza y las armas de fuego por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley". "Las fuerzas de seguridad también deben minimizar los daños y las lesiones, y respetar y preservar la vida humana", añade.
"La comunidad internacional debería presionar a las autoridades iraníes para que levanten inmediatamente todas las restricciones al acceso a internet y actúen para poner fin a esos cierres en el futuro", ha explicado Sepehri Far.