Publicado 28/06/2021 11:15

El jefe de la junta de Birmania dice que el juicio contra Suu Kyi es transparente y asegura que "no puede influir" en él

El jefe de la junta militar de Birmania, Min Aung Hlaing
El jefe de la junta militar de Birmania, Min Aung Hlaing - - / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la junta militar de Birmania, Min Aung Hlaing, ha indicado que el proceso contra la antigua líder 'de facto' del país Aung San Suu Kyi es "transparente" y ha recalcado que "no puede influir" en el proceso judicial.

"No soy un juez, no puedo decirles lo que le espera. Tampoco puedo dar órdenes al respecto. De conformidad con la ley es competencia de los jueces y serán ellos los que decidan luego su futuro", ha señalado en una entrevista concedida a la agencia rusa de noticias Sputnik.

"Es un proceso judicial común y corriente en el que habrá una decisión. En modo alguno puedo influir en ella", ha sostenido el también jefe del Ejército, que el 1 de febrero encabezó un golpe de Estado tras la victoria de la Liga Nacional para la Democracia (NLD) en las elecciones de noviembre de 2020.

Suu Kyi se expone a una pena de hasta 15 años de cárcel por estos cargos de corrupción, que se suman a cerca de media decena de otros cargos presentados contra ella, incluidos violar las leyes comerciales, las medidas contra el coronavirus e incitar a la sedición.

Asimismo, Hlaing ha prometido que en los próximos comicios podrán participar "todos los partidos políticos, sin excepción alguna, (...) en línea con las reglas establecidas". "No planeamos cambiarlas ni inventar unas nuevas. Todo quedará como estaba", ha recalcado.

En este sentido, ha hecho hincapié en que las únicas normas que tendrán que cumplir estos partidos para participar en la votación es contar con un registro legal y participar "correctamente" en las elecciones, sin dar detalles sobre este último punto.

Según la Asociación de Presos Políticos de Birmania (AAPP), unas 880 personas han muerto durante la represión militar y 5.104 han sido arrestadas desde el golpe de Estado y más de 230.000 personas, según Naciones Unidas, se han visto obligadas a abandonar sus hogares desde el día del golpe.