MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -
El comandante de la Policía de Bolivia, Yuri Calderón, ha asegurado este jueves que el plus de 3.000 bolivianos (unos 400 euros) que se le ha pagado en los últimos días a los agentes no es un "bono lealtad", como han denunciado algunos, sino que el objetivo es cubrir la "sentida necesidad" de los uniformados.
Cientos de policías están acuartelados desde hace casi 30 días con motivo de las elecciones presidenciales que tuvieron lugar el pasado 20 de octubre y por las posteriores protestas para denunciar el supuesto fraude electoral del Gobierno para garantizar un cuarto mandato a Evo Morales.
"Los policías están cumpliendo tareas más allá de sus funciones habituales. El policía tiene una orden de trabajo de servicio de 24 horas, descanso de 24 horas y un día de emergencia de ocho horas. Entonces, cuando acuartelamos a nuestros policías, se entiende que tenemos que pagarles un estipendio", ha dicho Calderón, de acuerdo con 'El Deber'.
Sin embargo, algunos policías han denunciado que este pago extra sería en realidad un "bono lealtad" porque la cúpula policial se habría alineado con el Gobierno mientras que "la tropa apoya a su pueblo", según han indicado en una serie de diapositivas a modo de comunicado que recoge el diario local 'Página Siete'.
"General Calderón, por una institución digna, tome buenas decisiones. Si usted no quiere apoyar a la sociedad, deje que la tropa apoye a su pueblo. Sus decisiones quedarán grabadas y estarán reflejadas en el repudio de todo el país", reza uno de los mensajes.
Calderón ha defendido que el pago extra no se ha hecho "al calor de los acontecimientos". El propósito es "salvaguardar y reforzar esta sentida necesidad del personal policial, para poder entregarle un estipendio alimenticio", ha sostenido.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, se ha pronunciado en la misma línea, afirmando que el Ejecutivo únicamente quiere dar a los efectivos "una complementación alimenticia" por el esfuerzo de las últimas semanas.
CRISIS ELECTORAL
Las protestas en Bolivia estallaron la misma noche de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 20 de octubre por la suspensión repentina de la transmisión de los resultados oficiales justo cuando obligaban a una segunda vuelta entre Morales y el candidato opositor Carlos Mesa.
Cuando se retomó, casi 24 horas después, concedían la victoria en primera vuelta a Morales, por lo que Mesa ha denunciado un "fraude gigantesco". Ambos llamaron a la movilización de los suyos, lo que ha derivado en disturbios. Al menos tres personas han muerto y más de 190 han sido detenidas en estas dos semanas.
En este contexto, Morales ha accedido a que la OEA, apoyada por países como España, México o Perú, realice una auditoría electoral de carácter vinculante. Mesa, en cambio, no la acepta porque dice que es fruto de un acuerdo unilateral entre el Gobierno y el bloque hemisférico sin tener en cuenta a la oposición.