La JEP escuchará a las 'madres de Soacha', víctimas de 'falsos positivos'

Justicia
PIXABAY - Archivo
Publicado 04/03/2019 18:30:08CET

   BOGOTÁ, 4 Mar. (Notimérica) -

   La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia ha anunciado que escuchará a las víctimas del caso número 003 de los 'falsos positivos', las conocidas como las 'madres de Soacha', el próximo martes.

   Las madres, que argumentarán que sus hijos fueron asesinados por miembros de la Fuerza Pública y luego reportados como bajas en combate, expondrán por qué consideran que los crímenes no deben ser juzgados por la JEP.

    Esta declaración será pública, según determinó la Sección de Apelación, que también permitió que se escuchara a las progenitoras de las víctimas del coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, aunque este organismo sí considera que la JEP tiene competencias para juzgar el caso.

   Los magistrados que llevan el caso 003 han escuchado hasta ahora las declaraciones voluntarias de 55 miembros de la Fuerza Pública supuestamente involucrados en los delitos. En una de las sesiones Rincón Armado llegó a pedir perdón públicamente a sus víctimas.

   El coronel fue jefe de operaciones del Batallón José Joaquín Vargas y, según su sentencia condenatoria, sabía que sus subalternos buscaban personas para presentarlas como muertos en combate y aprobó los operativos. Fue sentenciado a 46 años de cárcel, pero la JEP le otorgó la libertad condicional.

FALSOS POSITIVOS

   Los 'fasos positivos' es una de las peores consecuencias que se dieron en el país durante la primera década de los 2000, cuando Colombia aún permanenia librando una lucha entre guerrillas, paramilitares y el Gobierno. La causa está relacionada con la muerte de civiles que fueron ejecutados entre 2002 y 2008 como supuestos combatientes con el objetivo de alterar el balance del conflicto armado y lograr beneficios..

   Para entender el caso hay que remontarse años atrás, concretamente a 2002, en el marco del conflicto armado colombiano que comenzó en la década de 1960. A partir de 2002 y durante seis años --hasta 2008-- miembros de brigadas del Ejército ejecutaron de forma habitual a civiles a lo largo del país.

   En este contexto, soldados y oficiales, presionados por sus superiores para que mostraran resultados "positivos" e incrementaran el número de bajas de combate a las guerrillas, se llevaban por la fuerza a víctimas o las citaban en parajes remotos con promesas falsas, para luego asesinarlas, colocar armas junto a los cuerpos e informar de que se trataba de combatientes enemigos muertos en enfrentamientos.

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