BUENOS AIRES, 20 Sep. (Notimérica) -
El juez federal de Argentina Marcelo Martínez De Giorgi ha solicitado que todas las investigaciones abiertas en Argentina por el caso Odebrecht, tres en total, se unifiquen para obtener una "buena administración de la justicia".
"Se advierte la necesidad de dar un trámite conjunto de los tres expedientes con el fin de lograr un análisis global a las distintas maniobras investigadas respecto a los procesos de licitación y adjudicación", indicó el juez argentino a los magistrados Sebastián Casanello y Daniel Rafecas, ambos encargados de las otras dos causas del caso Odebrecht en el país, según reporta el periódico digital 'Sputnknews'.
Por una parte, Casanello está investigando si la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos(AySA) habría pagado sobornos para reforzar dos plantas potabilizadoras en los municipios argentinos de Zárate y Berazategui. Además, el magistrado tomó declaración a 28 imputados, entre ellos el exdirector de AySA, Carlos Ben.
Por otro lado, el juez Rafecas investiga la ampliación de gasoductos a cargo de dos empresas: Transportadora Gas del Norte y Transportadora Gas del Sur.
En este sentido, Martínez De Giorgi insiste en que se necesita "un trámite en conjunto de las tres causas analizadas. (..) Podría existir un cartel empresarial en los procesos de licitación y adjudicación de la obra pública bajo, un esquema global de corrupción público y privada regido por un mismo modus operandi".
Según el solicitante, la unificación tiene como objetivo "eliminar el riesgo de posibles resoluciones contradictorias, así como también, consolidar una unidad de criterios de investigación y de comunidad probatoria, para conseguir la economía procesal que mejor se adecue a un ajustado servicio de justicia".
A día de hoy hay tres juzgados argentinos que están investigando los presuntos sobornos que la constructora brasileña Odebrecht pagó a funcionarios argentinos a cambio de obtener contratos de obra pública. En su momento, altos cargos de la constructora declararon que entre 2007 y 2014 se pagaron sobornos por valor de 35 millones de dólares a funcionarios argentinos para obtener la adjudicación de ocho proyectos.