MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo de Kenia ha paralizado este viernes los planes del Gobierno para establecer un "documento de identidad biométrico" a la espera que se concreten nuevas leyes para la protección de datos personales.
El Gobierno comenzó a recopilar el año pasado las huellas dactilares, la profesión y los contactos personales de los kenianos para integrar toda esta información en una base de datos presidida por un único número individual.
En principio, el Supremo ha aceptado esa idea siempre y cuando la información esté convenientemente protegida, dado que este documento será imprescindible para que los kenianos accedan a tratamiento médico, cumplimenten su declaración de Hacienda o puedan incluso contraer matrimonio.
En principio, los datos estarían protegidos por una comisión creada el pasado mes de noviembre específicamente para ello, pero de momento se desconoce cuándo comenzará a actuar, según informa la cadena británica BBC. Por eso, el Supremo ha decidido aceptar la moción de parálisis presentada por la Comisión Nacional para los Derechos Humanos de Kenia.
Los jueces, además, se han manifestado absolutamente en contra de la obtención de ADN o del uso de tecnología de posicionamiento global para encontrar a los individuos.
La moción presentada por la comisión también contaba con el respaldo de la comunidad nubia que vive en Kibera --una barriada de Nairobi--, que han denunciado la imposibilidad de acceder a este documento dada su condición ancestral de esclavos procedentes de Sudán, desplazados forzosamente por los británicos, como antigua potencia colonial.
Por ello, los nubios carecen del documento actual de identidad, imprescindible para la obtención de esta nueva tarjeta biométrica. "El Gobierno está digitalizando la discriminación", según el presidente del Foro de Derechos de Nubia, Shafi Ali, "Sin una tarjeta de identificación y un número de identificación, somos unos muertos vivientes", ha lamentado en declaraciones al 'New York Times'.
Otros obstáculos adicionales han afectado al menos a cinco millones de kenianos, lo que ha provocado demoras adicionales en el procesamiento de sus tarjetas de identificación, según ha explicado la directora de la ONG Namati, especialista en estudiar las consecuencias de este programa de ciudadanía, Laura Goodwin.