Actualizado 15/06/2013 00:14 CET

Libertad condicional a la jueza Afiuni después de tres años en prisión y arresto domiciliario

CARACAS, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La justicia venezolana ha concedido este viernes la libertad condicional a la juez María Lourdes Afiuni, detenida desde hace más de tres años, en uno de los casos que más criticas ha levantado desde organismos internacionales contra el Gobierno del ya fallecido presidente Hugo Chávez.

Afiuni, que se encontraba hasta ahora en arresto domiciliario por problemas médicos, fue detenida en diciembre de 2009 tras haber sido acusada de liberar, de manera irregular, al empresario venezolano Eligio Cedeño, vinculado con operaciones cambiarias ilegales y que inmediatamente salió del país para evadir la justicia.

La juez alegó entonces que Cedeño había superado el tiempo máximo permitido para que una persona permanezca en prisión a la espera de juicio. De hecho, Afiuni defendió que al dejar en libertad al empresario estaba cumpliendo con una recomendación realizada por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU.

La jueza Marilda Ríos ha anunciado este viernes que le concede la libertad condicional, después de que la fiscal general venezolana, Luisa Ortega Díaz, decidiese la semana pasada que la magistrada podría disfrutar de ese prerrogativa.

Las autoridades venezolanas deberán retirar a los 16 agentes de las fuerzas de seguridad que han custodiado el domicilio de la jueza desde hace dos años y cuatro meses, cuando salió de prisión debido a una enfermedad en el útero.

A partir de ahora, Afiuni deberá presentarse cada quince días ante el tribunal y no podrá salir del país. Además, la magistrada tampoco podrá dialogar con los medios de comunicación, ni venezolanos ni internacionales, según ha informado el diario 'El Universal'. La jueza aún debe esperar a que se dicte sentencia contra ella.

El presidente venezolano, Hugo Chávez, llegó a pedir que Afiuni fuera condenada a 30 años de prisión --la pena máxima en ese país-- por haber liberado al empresario. La ONU criticó en varias ocasiones el régimen de prisión domiciliaria a la que estaba sometida la jueza.