BOGOTÁ, 23 Ago. (Colprensa/Notimérica) -
La propuesta que plantearon las FARC la semana pasada en el sentido de que si se firma el acuerdo final de paz el Gobierno Nacional debe dejar en libertad a todos sus presos políticos en cárceles colombianas, y a 'Simón Trinidad', extraditado a Estados Unidos, parece haber sido formulada con más visión política que con realidad jurídica.
Expertos coinciden en que políticamente, la idea de las FARC es viable y hasta legítima, pues se trata de un grupo alzado en armas que aún no ha sido derrotado por el Estado --mucho menos aniquilado-_ en términos militares, y que si está en una mesa de negociación es porque no ha pensado en el sometimiento.
No obstante, las cosas son a otro precio cuando se ausculta jurídicamente el planteamiento de alias 'Rodrigo Granda': "Está claro que en un acuerdo final, todos nuestros presos, sin excepción, deben recuperar su libertad. Todos los que participaron en el legítimo derecho de rebelión deben ser libres". Sobre 'Simón Trinidad', preso en Estados Unidos y condenado a 30 años de cárcel por narcotráfico, afirmó: "Debería estar a la hora redactar el acuerdo".
La posibilidad de llevar esas palabras a la realidad no es fácil, empezando porque mientras la guerrilla estima que sus presos políticos son unos doce mil en cárceles nacionales, las cifras oficiales indican otra cosa.
Portavoces del Inpec confirmaron que a fecha del 20 de agosto de 2015 había los siguientes condenados por delitos políticos: por rebelión, 2.029 personas; 77 por sedición; 14 por asonada, y 3.661 por porte y tráfico de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares.
Las fuentes, no obstante, explicaron que el Inpec apenas está depurando el censo de presos políticos e internos procesados (sindicados y condenados) por delitos conexos.
A su turno, Gloria Silva, integrante de la ONG de derechos humanos Comité de Solidaridad con Presos Políticos, dice que tampoco hay cifras precisas, teniendo en cuenta que no todos los insurgentes capturados y condenados purgan penas por delitos políticos pues muchos de ellos, siendo guerrilleros, han sido procesados por delitos comunes como narcotráfico o secuestro, por ejemplo.
"Las FARC hablan de doce mil presos políticos, nosotros hemos tenido picos de 9.500 a 10.000, pero creemos que la cifra real es cercana a estos promedios".
Ahora, Silva dice que la propuesta es viable jurídicamente y que para ello no se requieren reformas constitucionales o legales sino de "reglamentación interna".
Otra cosa piensa el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Jaime Arrubla Paucar, quien ve "poco probable" que jurídicamente una propuesta de esa naturaleza pueda concretarse.
"El Presidente de la República no puede hacer eso porque no está en sus atribuciones legales y constitucionales; la Rama Judicial tampoco porque son procesos que han hecho tránsito a cosa juzgadas. Quedaría por establecer si es posible vía Legislativo revisar el tema de los delitos políticos para conceder en qué casos podría proceder la amnistía y el indulto", explica Arrubla Paucar.
El jurista sostiene que para estos casos tampoco aplica la figura de conexidad con el delito político: "La Carta Política habla solo de amnistía e indulto para delitos políticos: rebelión, sedición y asonada, no más. Ahora, Colombia suscribió el Tratado de Roma, que es vinculante, y este no permite aplicar la amnistía. Pero, además, en el Marco Jurídico para la Paz se definió que esos delitos conexos no se pueden tener como delitos políticos. O sea, no veo cómo darle viabilidad a esa propuesta".
El experto, por último, dice que si bien el Gobierno integró un grupo de asesores jurídicos para apoyar a la Subcomisión que trabaja en el tema del fin del conflicto, la desmovilización y la entrega de armas, "esa Subcomisión no puede ir más allá de la Constitución, el Marco Jurídico para la Paz y los compromisos internacionales de Colombia".
LA SALIDA POLÍTICA
El tema, por supuesto, se presta para toda suerte de interpretaciones. La portavoz del Comité de Solidaridad con Presos Políticos sostiene que a lo largo de los años el Estado colombiano ha tratado de desnaturalizar el delito político para procesar a los insurgentes por delitos comunes.
"Creemos que todas las conductas de la insurgencia en su guerra contra el Estado deberían ser indultadas y amnistiadas junto con los delitos conexos al delito político", destaca Gloria Silva.
Por su parte, el ex Consejero de Seguridad Nacional Armando Borrero dice que políticamente la propuesta de las FARC "es lógica" pues advierte que en un modelo de Justicia Transicional "si no habrá cárcel para los jefes, es lógico que los guerrilleros rasos que estén presos también queden libres".
El analista solo tiene un reparo, y es que ese beneficio no se dé al momento de la firma del acuerdo de paz sino cuando entreguen las armas y efectivamente se desmovilicen. "Es que no sabemos si los acuerdos implican una desmovilización inmediata o habrá un periodo de transición, entonces esa libertad debe ser efectiva desde cuando la guerra termine efectivamente", insiste.
Por su parte, el analista de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, agrega que la propuesta de 'Rodrigo Granda' tiene viabilidad, pues es similar a la que se aplicó a los grupos paramilitares.
"Aquí tiene que haber justicia para los máximos responsables y algunos comandantes y mandos medios de las FARC, pero la tropa guerrillera rasa va a tener que salir de la cárcel. Eso fue lo que pasó con los paramilitares: se desmovilizaron 31.000 y solo tres mil pasaron a rendir versión libre. Eso es lo normal que pase, no hay nada raro ni se puede hablar de impunidad".
Ávila, experto en resolución de conflictos, sostiene que la propuesta de las FARC no es descabellada ni en lo político ni en lo jurídico porque muchos guerrilleros presos están condenados por delitos políticos y tendrán que salir, a menos que se les compruebe delitos de lesa humanidad. Mientras, los máximos responsables de delitos graves, tendrán que pagar penas alternativas.
"Para quienes estén presos por narcotráfico, homicidio, etc., tendrá que buscarse una conexidad con el delito de rebelión para que se aplique esa fórmula de excarcelación masiva", considera.
El portavoz de Paz y Reconciliación agrega que esa Fundación ha manejado una cifra cercana a los 3.000 presos políticos, pues "en las cárceles hay muchos colaboradores que las FARC no reconocen y a los que tilda de desertores, o sea que el número real de presos políticos tendrá que darlo la guerrilla cuando se firme el proceso de paz".
Por su parte, el senador del Polo Democrático Iván Cepeda, dice que "es comprensible" que en una negociación surja este tipo de propuestas, pero advierte: "Falta esperar el desarrollo jurídico de la Subcomisión Jurídica que se ha constituido para ver hasta dónde se avanzará en esta materia".
Cepeda concluye que el asunto está en "hasta dónde pueden llegar los delitos conexos al delito político".
Por ahora, Gloria Silva, del Comité de Solidaridad con Presos Políticos, insiste en que si el Gobierno de verdad tiene voluntad de paz debería comenzar por dejar libres a los presos políticos enfermos.
"Tenemos un listado de al menos 72 que están en condiciones muy precarias de salud, pero adicionalmente hemos venido documentando casos de agresiones, torturas y maltratos prolongados dentro de las cárceles colombianas", afirma.