MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -
La ONG Amnistía Internacional (AI) ha denunciado este lunes que se están llevando a cabo desde 2018 "cientos" de juicios "secretos" y "flagrantemente injustos" contra civiles opositores a las Fuerzas Armadas Árabes Libias en tribunales militares, en los que ya habrían sido condenadas a muerte unas 22 personas.
"Los juicios militares de civiles burlan las normas internacionales y regionales y son inherentemente injustos. En el este de Libia, esos juicios tienen lugar en secreto y, en ocasiones, en ausencia de abogados y acusados, lo que socava cualquier apariencia de justicia", ha alertado la directora adjunta de AI para Oriente Medio y el Norte de África, Diana Eltahawy.
"El uso de juicios militares contra civiles es una evidente pantalla de humo con la que las Fuerzas Armadas Árabes Libias y sus grupos armados afiliados ejercen su poder de castigar a quienes se les oponen y provocar un clima de temor", ha denunciado Eltahawy.
Entre 2018 y 2021, explica Amnistía, una veintena de personas han sido condenados a muerte, mientras que otros cientos han sido sentenciadas a penas de cárcel, todo ello, cuenta la ONG, bajo procesos previos en los que los detenidos sufrieron torturas y malos tratos cuando se encontraban en prisión preventiva.
"El Gobierno de Unidad Nacional debe poner fin de inmediato a los juicios militares de civiles, y debe ordenar investigaciones sobre la tortura y otros crímenes de derecho internacional cometidos por estos grupos armados", recalca Eltahawy, quien ha pedido a las autoridades libias que anulen todas estas declaraciones de culpabilidad y sus correspondientes condenas.
PENAS DE MUERTE
Amnistía ha denunciado que en los últimos tres años los tribunales militares han condenado a la pena capital a 22 personas, según ha podido saber la Misión de Apoyo de Naciones Unidas en Libia (UNSMIL), aunque algunas organizaciones locales de Derechos Humanos han señalado que las penas podrían haber aumentado hasta las 31.
Amnistía ha recordado que, según el Derecho Internacional y bajo cualquier circunstancia, los casos de pena de muerte deben cumplir escrupulosamente todas las normas relativas a juicios justos y ha solicitado al Gobierno de Unidad Nacional que los sentenciados sean librados de sus penas y juzgados ante tribunales civiles.
"Todas las personas recluidas por ejercer pacíficamente sus libertades fundamentales deben ser puestas en libertad de inmediato, y las que estén detenidas legalmente deben ser protegidas frente a la tortura y tener acceso a sus familiares y abogados", ha enfatizado Eltahawy.
"Los procedimientos ante tribunales militares en el este de Libia burlaron múltiples derechos relativos a un juicio justo, entre ellos el contar con asistencia letrada antes del juicio y en su transcurso, el de guardar silencio, el de una vista justa y pública ante un tribunal independiente, el de estar presente durante el juicio, o el derecho a una sentencia razonada y a una revisión auténtica", denuncia Amnistía.
FARSA JUDICIAL
Entre los civiles víctimas de este tipo de procesos judiciales se encuentran dos periodistas, un grupo que participó en protestas pacíficas y decenas de personas que defendían los Derechos Humanos, o compartían en sus redes sociales críticas a la Fuerzas Armadas Árabes Libias, cuenta Amnistía.
En mayo de 2020, un tribunal militar condenó al periodista Ismail Bouzreeba Al Zway a quince años de prisión por cargos relacionados con el terrorismo. Amnistía apunta que el fue castigado por el contenido encontrado en su teléfono, que incluía mensajes que criticaban a las Fuerzas Armadas Árabes Libias y comunicaciones con medios de comunicación extranjeros.
"Tanto los fiscales como los jueces militares carecen de independencia e imparcialidad, ya que están afiliados a las Fuerzas Armadas Árabes Libias o a grupos armados aliados", ha señalado Amnistía.
La ONG ha señalado que la farsa judicial a la que se han visto sometidas "centenares" de personas se puede ver reflejada en quiénes asumen la responsabilidad de investigar estos supuestos delitos.
"El actual director de la Fiscalía, Faraj Al Soussaa, representa también a las Fuerzas Armadas Árabes Libias en las conversaciones con mediación de la ONU, mientras que Jairi al Sabri, director de la Autoridad Judicial Militar General, fue anteriormente director del servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas Árabes Libias.
La posibilidad de condenar a civiles bajo un tribunal militar por delitos de "terrorismo" se aprobó en 2017, tras el apoyo del último Parlamento elegido en Libia. Por entonces, el país estaba dividido en dos: la Cámara de Representantes, con sede en Tobruk y aliada de las Fuerzas Armadas Árabes Libias, y el Gobierno de Acuerdo Nacional, en Trípoli y reconocido internacionalmente.