Tras una investigación de campo, constata ataques indiscriminados y el uso de armas explosivas en zonas urbanas por ambos bandos
MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
Decenas de civiles han muerto o han resultado heridos en la batalla por Trípoli que enfrenta a las fuerzas que apoyan al Gobierno libio reconocido internacionalmente y a las fuerzas comandandas por el mariscal de campo Jalifa Haftar debido a los "ataques indiscriminados" cometidos por ambos bandos y al uso de diversas armas explosivas poco precisas en zonas urbanas densamente pobladas, según ha denunciado Amnistía Internacional.
La organización ha realizado la primera investigación de campo desde que las fuerzas de Haftar lanzaron su ofensiva sobre la capital libia el pasado 4 de abril y ha visitado 33 lugares en Trípoli y sus alrededores que han sido objetivo de ataques aéreos y terrestres.
Como resultado de dicha investigación, ha explicado en un comunicado, se han encontrado "indicios de posibles crímenes de guerra cometidos por ambos bandos", tanto el Gobierno de unidad, respaldado por la ONU, como el autoproclamado Ejército Nacional Libio, que encabeza Haftar.
"Nuestra investigación sobre el terreno a ambos lados del frente reveló un desprecio sistemático del Derecho Internacional, avivado por el constante suministro de armas a ambos bandos, en violación de un embargo de armas de la ONU", ha denunciado Donatella Rovera, asesora general sobre respuesta a las crisis de Amnistía Internacional.
Brian Castner, asesor general sobre armas y operaciones militares de la ONG, ha lamentado que "decenas de civiles han muerto y han resultado heridos como consecuencia del uso por ambos bandos de todo tipo de armas, desde los cohetes no guiados de la era de (Muamar) Gadafi a los modernos misiles guiados por drones, en ataques que podrían constituir crímenes de guerra".
Además de la visita en terreno, donde se entrevistó a 156 residentes --supervivientes, testigos y familiares de víctimas--, así como a autoridades locales, personal médico y miembros de milicias, el personal de Amnistía experto en teledetección, armas y munición, verificación fotográfica y de vídeo, así como miembros del Cuerpo de Verificación Digital de la organización han analizado fuentes de acceso público sobre muchos de los ataques.
Según cifras de la ONU, desde que comenzó la ofensiva de Haftar más de 100 civiles han muerto o resultado heridos, entre ellos decenas de migrantes y refugiados detenidos, y otras 100.000 se han visto desplazadas.
ATAQUES CONTRA VIVIENDAS, HOSPITALES Y ESCUELAS
En estos seis meses, ataques aéreos, bombardeos y descargas de artillería han alcanzado viviendas civiles y otras infraestructuras clave, como varios hospitales de campaña, una escuela y un centro de detención de migrantes, y han obligado al cierre del aeropuerto de Mitiga, el único que unía por aire Trípoli con el extranjero.
Algunos de los ataques documentados fueron indiscriminados o desproporcionados, lo cual quiere decir que violaron principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario y podrían constituir crímenes de guerra, ha explicado Amnistía, que también ha denunciado que en otros casos, la presencia de combatientes en viviendas civiles e instalaciones médicas o en sus cercanías ponía en peligro a la población civil que estaba en ellas.
Así, la organización ha documentado ataques indiscriminados por parte del Ejército Nacional Libio, como uno registrado el 16 de abril con cohetes GRAD en el barrio de Abu Salim en el que murieron siete civiles u otro de las fuerzas gubernamentales del 14 de mayo que alcanzó un edificio de tres plantas en el barrio de Qasr bin Ghashir y mató a cinco civiles.
También se ha referido en su informe a los ataques repetidos contra el aeropuerto de Mitiga por parte de las fuerzas de Haftar, durante los que viviendas civiles y una escuela que hay en las cercanías también han sido alcanzados y en algunos de los cuales se habrían empleado armas explosivas no guiadas.
Los ataques del Ejército Nacional Libio también han dañado o destruido varias ambulancias y hospitales de campaña donde se atendía a combatientes heridos, ha añadido Amnistía, que también ha detectado que los combatientes gubernamentales han utilizado hospitales de campaña e instalaciones médicas con fines militares, haciéndolos vulnerables a ataques.
EL EMBARGO DE ARMAS NO SE ESTÁ RESPETANDO
Por otra parte, Amnistía ha lamentado que pese a que sobre Libia pesea un embargo de armas de la ONU desde 2011, Emiratos Árabes Unidos y Turquía han apoyado al Ejército Nacional Libio de Haftar y al Gobierno libio, respectivamente, con transferencias ilícitas de armas y apoyo militar directo.
Por todo ello, Castner ha reivindicado que "la comunidad internacional debe hacer cumplir el embargo de armas de la ONU, violado flagrantemente por Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Jordania y otros países".
"Todas las partes deben tomar de inmediato medidas concretas para proteger a la población civil con arreglo a las leyes de la guerra e investigar la conducta de sus fuerzas. Debe instituirse una comisión de investigación que abra el camino hacia la justicia y la reparación para las víctimas y sus familias", ha afirmado Donatella Rovera.
"Los estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU deben cooperar para instituir urgentemente este mecanismo, que podría determinar la responsabilidad de las violaciones y conservar las pruebas de los crímenes", ha reclamado Rovera.