Publicado 22/08/2020 17:59CET

Libia.- El Consejo Superior del Estado libio rechaza el diálogo directo con Haftar durante el alto el fuego

Libia.- El Consejo Superior del Estado libio rechaza el diálogo directo con Haft
Libia.- El Consejo Superior del Estado libio rechaza el diálogo directo con Haft - Amru Salahuddien/dpa - Archivo

El Ejército libio pone en duda la viabilidad del alto el fuego por la desconfianza que les transmite el mariscal

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Superior del Estado, la máxima instancia asesora del Gobierno libio reconocido por la comunidad internacional, ha asegurado este sábado que en ningún caso emprenderá un diálogo de paz con el mariscal rebelde Jalifa Haftar a pesar del alto el fuego declarado entre ambas partes este pasado viernes.

En un comunicado, el consejo ha recomendado en su lugar que el alto el fuego se aproveche para poner fin al "estado de insurgencia" en el país africano.

"Cualquier diálogo o acuerdo debe recaer bajo los auspicios del acuerdo político de alto el fuego, que estipula que solo podrá darse entre organismos electos", según ha avisado el consejo en relación al acuerdo firmado en Skhirat, Marruecos.

Asimismo, el organismo llama a la reapertura inmediata de las exportaciones de crudo del este del país, en manos de las fuerzas del este de Libia que lidera Haftar.

De hecho, la Corporación Estatal del Petróleo (NOC), la petrolera estatal libia, ha destacado la necesidad de transparencia y gobernanza durante este alto el fuego, además del retorno de la gestión de seguridad en las instalaciones petroleras bajo la supervisión completa de la Corporación.

Según sus estimaciones, las pérdidas para el estado libio, como resultado directo de los cierres forzosos ilegales de sus instalaciones petroleras, han superado los 8.700 millones de dólares, durante el período de 217 días de cierre de producción en manos de los rebeldes.

Por otro lado, el portavoz del Ejército libio, coronel Muhammad Gununu, ha puesto en duda la eficacia del nuevo alto el fuego anunciado en el país el viernes por la falta de confianza que inspira el comandante rebelde.

"El Ejército libio no puede confiar en las milicias de Haftar después de todos los crímenes que han cometido y sus violaciones de tratados anteriores", ha declarado Gununu en comentarios recogido por el 'Libya Observer'.

"Todo el territorio libio, así como los recursos del país, deben estar bajo el control del estado", ha subrayado Gununu, destacando la posición constante del Ejército para erradicar los focos de tensión y amenaza, así como los grupos al margen de la ley "dondequiera que existan".

En un comunicado, Fayez al Serraj, al frente del Gobierno reconocido internacionalmente, había señalado este viernes que el "objetivo final" es "la restauración de la soberanía plena sobre el territorio libio y la expulsión de las fuerzas y mercenarios extranjeros", según el 'Libya Observer'.

Además, ha anunciado la celebración de elecciones parlamentarias y presidenciales el próximo marzo y ha apostado por que la ciudad de Sirte y el distrito de Al Jufra, bajo control de las fuerzas de Haftar, pasen a ser zonas desmilitarizadas mientras ambas partes llegan a acuerdos en materia de seguridad.

El país vive sumido en el caos desde la caída de Muamar Gadafi en octubre de 2011 pero la situación se recrudeció en abril de 2019, cuando las fuerzas lideradas por Haftar lanzaron una ofensiva para hacerse con Trípoli, sede del Gobierno de unidad, tras varios años de intentos infructuosos de lograr una solución política a la fragmentación en diversas administraciones del país.

Sin embargo, la intervención militar turca este año cambió las tornas y ha permitido a las fuerzas leales al Gobierno de Trípoli no solo romper el cerco sobre la capital, sino que han llegado hasta el centro de la costa del país y están a las puertas de la histórica región de Cirenaica, bastión de Haftar. A su vez, el general ha contado con el respaldo de Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Rusia.

La duplicidad institucional se retrotrae a las elecciones parlamentarias de 2014, que dividieron las administraciones, sin que las asentadas en el este --anteriormente reconocidas por la comunidad internacional-- y el Gobierno de unidad, surgido de un acuerdo en 2015, consiguieran pactar su unificación desde entonces.