MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -
El presidente del opositor Partido Republicano del Pueblo (CHP), Kemal Kilidaroglu, ha criticado el arresto y cese de un alcalde de la formación por sus presuntos lazos con el clérigo Fetulá Gulen, al que Ankara acusa de estar detrás del intento de golpe de Estado de 2016.
"No hay democracia ni ley (en Turquía)", ha dicho. "Todo se aplica según la voluntad de una persona", ha agregado, en referencia al presidente del país, Recep Tayyip Erdogan.
"No vamos a dar ni un paso atrás porque nuestro alcalde haya sido arrestado", ha señalado, en declaraciones concedidas a la cadena de televisión KRT TV.
Así, ha resaltado que el CHP "seguirá dando pelea hasta que la democracia llegue (al país) en un verdadero sentido", ha zanjado Kilidaroglu, tal y como ha recogido el diario 'Hurriyet'.
Burak Oguz, el alcalde de distrito de Urla, en la provincia de Esmirna, se convirtió el martes en la primera persona del CHP a nivel municipal en ser detenido desde las elecciones del 31 de marzo.
Un alcalde turco del opositor Partido Republicano del Pueblo (CHP) ha sido detenido este martes por su presunta relación con el clérigo islamista Fetulá Gulen, al que Ankara acusa de estar detrás del intento de golpe de Estado de julio de 2016, según ha informado la Fiscalía turca.
El representante del grupo provincial del CHP, Deniz Yucel, negó tras el arresto cualquier acusación sobre el alcalde y sus presuntas relaciones con la red de Gulen.
"No hay ninguna posibilidad de que FETO (nombre por el que Ankara designa a la organización de Gulen) sobreviva dentro del CHP", afirmó en Twitter. Además, condenó la decisión judicial por suponer la destitución de una persona que ha sido elegida democráticamente.
El Gobierno turco considera que en el Ejército y otras instituciones estatales hay infiltrados de la red de Gulen, antiguo aliado de Erdogan, que ha negado su participación en el golpe y que desde 1999 vive en el estado norteamericano de Pensilvania.
Mientras, los críticos del presidente aseguran que la asonada militar es un pretexto para aplastar a la oposición, pero las autoridades turcas insisten en que estas medidas son necesarias para combatir las amenazas a la seguridad nacional.
El ministro de Justicia turco, Abdulhamit Gul, cifró a finales de noviembre en más de 3.900 el número de jueces y fiscales cesados desde el intento de golpe de Estado de julio de 2016. Erdogan dijo en abril que hasta esa fecha se había detenido a más de 30.500 personas.