MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado este lunes que su Gobierno dejará de financiar a las ONG dedicadas a combatir la trata de personas, para que sea el Estado quien preste directamente estos servicios a la población necesitada.
"Lo que cambia --y esto es lo que ha generado alguna desinformación-- es el procedimiento de apoyo a organizaciones no gubernamentales que atendían este asunto", ha dicho López Obrador, en la rueda de prensa diaria, interrogado sobre el Plan Nacional Contra la Trata.
López Obrador ha explicado que, "durante el periodo neoliberal, el Estado incumplía con su responsabilidad y subrogaba servicios" a ONG que recibían dinero pero "al fin de cuentas no se ayudaba a los migrantes", por lo que "ahora el Gobierno lo va a hacer de manera directa".
AMLO, como se le conoce popularmente, ha considerado "inexplicable" que haya ONG que "se mantienen del presupuesto gubernamental". "Esto tenía que ver con la concepción privatizadora de los servicios (públicos), de dejar al Estado como facilitador de la corrupción" porque "la mayor parte del dinero se quedaba en manos de los intermediarios", ha indicado.
El líder izquierdista se ha comprometido a acabar con los intermediarios para garantizar que el dinero llega a sus destinatarios. Así, ha anunciado la próxima apertura de albergues para migrantes gestionados únicamente por el Gobierno.
Desde la sociedad civil, han cuestionado la capacidad de las autoridades mexicanas para gestionar estos centros de acogida. "No es fácil construir y administrar un refugio para víctimas del tráfico de personas", ha afirmado Mónica Salazar, de la ONG Dignificando el Trabajo, a Thomson Reuters Foundation.
En cambio, Héctor Alberto Pérez, abogado que dirige la Clínica de Interés Pública contra el Tráfico de Personas de la Universidad de ITAM, ha considerado que es una buena idea, si bien ha reclamado un diálogo serio entre el Gobierno y la sociedad civil.
México, país de origen y tránsito de los miles de migrantes que cada año intentan alcanzar la frontera con Estados Unidos, tiene actualmente 18 albergues, la mayoría para mujeres y niños, de los cuales seis son del Gobierno, según datos de la ONU. Uno de ellos ya ha perdido los fondos públicos y ha tenido que cerrar.