MADRID, 13 Jul. (OTR/PRESS/Notimérica).-
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha acusado al Ministerio Público de ser "cómplice" de los planes golpistas promovidos por sectores de la oposición mediante su impunidad. Además, ha responsabilizado al presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, de los hechos violentos que se han producido en los últimos meses, según ha informado el miércoles la agencia de noticias oficial AVN.
"Hay un Ministerio Público cómplice del crimen, de la conspiración, cómplice de los delitos, de los delincuentes, de los asesinos", ha señalado Maduro. "Solo a través de la verdad habrá justicia y solo a través de la justicia nosotros podemos echar bases de paz", ha añadido.
Según la Comisión de la Verdad, tan solo un bajo porcentaje de los actos criminales que lleva el Ministerio Público tienen condena. Por esta razón, el presidente venezolano ha rechazado la impunidad llevada a cabo por la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, crítica con iniciativas del Gobierno como la creación de una Asamblea Constituyente, que según Maduro "ha sido agente para que no hubiese justicia".
Los ataques al Ministerio Público por parte del Ejecutivo no son ninguna novedad. El Tribunal Superior de Justicia ya ha retirado a Ortega su pasaporte y ha congelado sus cuentas bancarias. La propia fiscal ha denunciado presiones y amenazas contra ella y su familia. Luisa Ortega Díaz, crítica con iniciativas del Gobierno de Nicolás Maduro y con la dura represión contra la oposición en las calles, está siendo objeto de un procedimiento del Tribunal Supremo de Justicia.
APOYO DE LOS FISCALES IBEROAMERICANOS A ORTEGA
En un intento de apoyar a la titular de la Fiscalía General venezolana, la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) ha celebrado el jueves una Asamblea extraordinaria en Argentina con la finalidad de analizar "la situación que atraviesa el Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela" y trasladar su apoyo a la fiscal general del país.
La reunión ha sido convocada de urgencia por el presidente de la citada asociación, el fiscal general boliviano Ramiro Guerrero, a instancias de once países miembros, entre ellos España.
La AIAMP es una asociación fundada en 1954 que agrupa a los representantes de Ministerios Públicos de 21 países de Iberoamérica, junto a España y Portugal.
La presidencia de la institución se realiza por elección entre los países miembros cada dos años, y el mandato actual corresponde a Bolivia. La Fiscalía española asumió la Presidencia en 2006, y en el año 2007 tuvo lugar en Madrid la XV Asamblea ordinaria de la Asociación.
LEOPOLDO LÓPEZ
Uno de los más críticos con el Gobierno de Maduro es el recién excarcelado y líder de Voluntad Popular, Leopoldo López quien ha mantenido el miércoles contactos con los expresidentes españoles, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero. Además, ha conversado telefónicamente con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, con quien ha coincidido en la necesidad de seguir trabajando para "el retorno de la democracia" en Venezuela y la "recuperación de los derechos" de la ciudadanía.
El exjefe del Ejecutivo y presidente de la Fundación FAES, José María Aznar, ha encontrado a López dispuesto a seguir defendiendo la libertad y la democracia, según han informado a Europa Press fuentes cercanas al expresidente español. Previamente, el líder venezolano había recibido las felicitaciones del responsable del Gobierno de España, Mariano Rajoy, quien ha alabado el coraje del opositor.
Por su parte, Rodríguez Zapatero, clave en la salida de prisión del opositor después de tres años y medio encarcelado, le visitó en su domicilio de Caracas y recibió el agradecimiento de la esposa de López, Lillian Tintori.
El opositor, ahora en arresto domiciliario, ha insistido el miércoles en que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) "es un proyecto de aniquilación de la república" y ha pedido a los venezolanos que la impidan.
LA EUROCÁMARA NO RECONOCERÁ LA CONSTITUYENTE
Los críticos con la Constituyente orquestada por Maduro van más allá de sus propios conciudadanos y la polémica trasciende las fronteras venezolanas. La Eurocámara ha advertido el miércoles que no reconocerá los resultados por considerar que es "ilegal".
En este sentido, el copresidente de la Asamblea parlamentaria Eurolatinoamericana (Eurolat), el eurodiputado del PSOE Ramón Jáuregui, el presidente de la delegación de la Eurocámara para las relaciones con Mercosur, Francisco Assis, y el presidente de la Comisión de Exteriores del Parlamento Europeo, el democristiano alemán David McAllister, han censurado las elecciones a la Asamblea Constituyente convocada por el Gobierno de Maduro el 30 de julio y han avisado de que la Eurocámara "no reconocerá los resultados".
"La Asamblea Constituyente no respeta los principios democráticos y no traerán la paz o una solución a la crisis, sino que alentará más divisiones y confrontaciones", han avisado en una declaración conjunta, en la que han recordado que el jefe de la Conferencia Episcopal en Venezuela, el arzobispo, Diego Padron, considera que llevará a "un régimen dictatorial" y la mayoría opositora en la Asamblea Nacional lo ha calificado de "autogolpe".
Los tres eurodiputados insisten en que esta "inaceptable" iniciativa "arroja serias dudas sobre constitucionalidad y amenaza los principios esenciales de la democracia como un voto universal, libre, directo y secreto" y han reiterado que "el Parlamento Europeo no reconocerá los resultados de este procedimiento que lleve al establecimiento de una Asamblea Constituyente Nacional ilegal e ilegítima" con la intención de escribir una nueva Constitución.
En el texto, han expresado "gran preocupación" por la situación en Venezuela, donde el número de muertes "aumenta cada día y la población sufre de la falta de medicinas y alimentos" y han dejado claro que "las elecciones en la actualidad son la única manera pacífica y democrática de resolver la situación".
Por ello, han reclamado al Gobierno de Maduro que "restablezcan inmediata y plenamente" los derechos civiles y políticos del líder de la oposición Leopoldo López, cuya liberación de prisión han celebrado, así como la liberación de los "alrededor de 500" presos políticos en Venezuela.
La Eurocámara ha condenado "las violaciones al Estado de Derecho" y ha expresado "preocupaciones graves por los Derechos Humanos" en Venezuela en cuatro resoluciones que ha aprobado desde 2014, la última en abril de 2017, recuerdan los eurodiputados en la declaración conjunta, en la que consideran que la posibilidad de someter a juicio a la Fiscal General Luisa Ortega Díaz tras expresar su "desacuerdo" con el Gobierno es uno de los ejemplos "inaceptables" que demuestran falta de respeto por el Estado de Derecho.