El presidente se enfrenta a la indignación mundial por el fallecimiento de Fernando Albán tras estar detenido en la sede del Servicio de Inteligencia Bolivariano
MADRID, 10 Oct. (OTR/PRESS) -
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, más cuestionado que nunca por la comunidad internacional que le reclama que aclare qué pasó con la muerte del concejal opositor que, según la versión oficial, se suicidó tirándose de un décimo piso mientras estaba retenido, ha contraatacado instando a frenar el "brote fascista en Latinoamérica".
Naciones Unidas, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, el o el Grupo de Lima han expresado su indignación por las causas que rodean la muerte del político opositor Fernando Albán y han exigido una investigación independiente sobre este caso, que se sumará a los informes sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela.
Maduro, ajeno al reclamo de la comunidad internacional y cuando encima Naciones Unidas le exige que libere a 59 colombianos que llevan dos años presos en el país caribeño en condiciones "monstruosas", se envuelve en la bandera de la democracia e insta a sus homólogos sudamericanos a unirse para contrarrestar el "brote fascista" en la región.
El mandatario bolivariano ha destacado que Latinoamérica aún tiene tiempo de "reaccionar frente al brote fascista" en Latinoamérica tras la victoria del candidato ultraderechista a la Presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro, en la primera vuelta electoral celebrada el pasado domingo.
"Estamos a tiempo de reaccionar frente al brote fascista en América Latina y defender a Venezuela como uno de los baluartes antifascistas que ha resistido al fascismo y que está victoriosa ante la intolerancia de esa ideología", ha afirmado Maduro.
En este sentido, ha lamentado que nuevas figuras de la extrema derecha latinoamericana usen la República Bolivariana como "centro de campaña de odio", según ha informado la cadena Telesur.
"Una campaña mundial se desata sobre Venezuela. Algo bueno debemos estar haciendo en Venezuela para ser el centro del ataque del fascismo y la derecha internacional", ha sostenido.
Mientras Maduro hacía estas declaraciones haciendo un supuesto llamamiento a mejorar la democracia en América Latina, el cuerpo del concejal Fernando Albán, era trasladado a la sede del Parlamento, de mayoría opositora, para rendirle honores.
Diputados y miembros del partido Primero Justicia, al que pertenecía Albán, insistieron en que la tragedia, ocurrida este lunes en los temidos calabozos del servicio de inteligencia (Sebin) en Caracas, no fue un suicidio, sino un crimen.
El Parlamento aprobó este martes un acuerdo en el que "responsabiliza" al gobierno del presidente Maduro por la muerte del concejal. Asimismo, pedirá a Naciones Unidas (ONU) y a la Organización de Estados Americanos (OEA) la designación de expertos "independientes" para que investiguen lo ocurrido.
También los países que conforman el Grupo de Lima han expresado este martes su preocupación por las causas que rodean la muerte del concejal.
"Los gobiernos de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Santa Lucía, integrantes del Grupo de Lima, expresan su profunda preocupación por la trágica muerte del concejal venezolano", ha afirmado el grupo en un comunicado.
Brasil, Panamá y Guyana, los otros miembros del grupo que han criticado la situación en Venezuela con anterioridad, no aparecen en el documento.
El grupo "urge al gobierno de Venezuela a realizar una investigación inmediata, imparcial e independiente, con aval internacional, para esclarecer los hechos y circunstancias que han ocasionado este terrible deceso y adoptar las medidas que correspondan", recoge el texto.
Albán fue arrestado el pasado viernes por lo que el Gobierno venezolano considera un intento de magnicidio por la explosión de dos drones el 4 de agosto en Caracas en un acto militar presidido por Maduro, que salió ileso.
Según contó el ministro de Interior, Néstor Reverol, en Twitter, "en el momento en que el detenido iba a ser trasladado al tribunal, encontrándose en la sala de espera del SEBIN, se lanzó por una ventana de las instalaciones cayendo al vacío, ocasionándole la muerte".
Esta versión fue respaldada por el fiscal general, Tarek William Saab. "La versión preliminar de los hechos, es que el ciudadano solicitó ir al baño y de estar allí se lanzó desde un piso 10º del edificio", dijo en declaraciones concedidas a la cadena de televisión estatal VTV.
DRAMÁTICA SITUACIÓN DE LOS PRESOS EN VENEZUELA
Grupos de oposición y de derechos humanos han señalado que el gobierno de Maduro retiene a cientos de presos políticos con cargos falsos para reprimir la disidencia. Las ONU ha sostenido que los detenidos suelen ser sometidos a malos tratos, incluidos algunos casos documentados que equivalen a tortura.
El Gobierno venezolano niega sistemáticamente que esté deteniendo a personas como presos políticos y afirma que los detenidos han sido encarcelados justamente.
Pero, sin ir más lejos, la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha retirado la preocupación del organismo por la situación en la que está retenidos en Venezuela 59 ciudadanos colombianos.
Según los informes que ha recibido la oficina, las condiciones allí son extremas y no hay acceso suficiente a alimentos, agua y medicamentos.
"Se cree que muchos de los 59 hombres están enfermos. Un prisionero, William Estremor, quien, según se informó, estuvo gravemente enfermo durante varios días, fue llevado a la sala de urgencias de un hospital el lunes, según su abogado. Luego se informó que fue trasladado a una pequeña enfermería en los locales de los servicios de inteligencia nacionales en Caracas. No tenemos información actualizada sobre su condición", ha manifestado la portavoz de Bachelet, Ravina Shamdasani.
Los colombianos fueron arrestados como resultado de varias redadas conocidas como Operaciones para la Liberación de la Gente, que, según el Gobierno, estaban diseñadas para disolver pandillas criminales y llevarlas ante la Justicia.
Los detenidos fueron acusados de ser paramilitares, pero hasta la fecha no se han presentado pruebas ni cargos contra ellos y, en noviembre de 2017, un juez venezolano dictaminó que debían ser liberados incondicionalmente.
"Es muy común que en los centros de detención venezolanos los reclusos sufran de tuberculosis, hepatitis, diarrea, y otras enfermedades", ha continuado antes de explicar que las cárceles están abarrotadas, llenas de ratas y de insectos y los prisioneros muchas veces no tienen acceso a luz natural, comida o agua potable.