MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -
La organización Human Rights Watch ha alertado este miércoles sobre la "cada vez más amenazada" libertad de expresión en Malasia debido al "aumento del acoso policial a periodistas, activistas y manifestantes" y a que las autoridades utilizan investigaciones penales para acosar a los críticos con el Gobierno.
Esta campaña de acoso, detalla HRW, se debe a que el Código Penal de Malasia, la Ley de Sedición, la Ley de Reuniones Pacíficas y la Ley de Comunicaciones y Multimedia contienen "disposiciones demasiado amplias y vagas que permiten a la Policía investigar o detener a personas por una amplia gama de actividades o discursos que no gustan al Gobierno".
Por ejemplo, recientemente se ha perseguido a personas por organizar protestas públicas, informar sobre denuncias de abusos policiales, dibujar caricaturas o publicar una lista de reproducción irónica en Spotify.
Muchas de las personas blanco de este acoso enfrentan posibles juicios y han sido sometidos a interrogatorios policiales sobre su trabajo o su discurso.
Frente a esta situación, la asesora jurídica para Asia de Human Rights Watch, Linda Lakhdhir, ha recordado en un comunicado que "en una democracia que respeta los derechos, el Gobierno no considera el periodismo como un delito y acepta la crítica y la sátira como libertad de expresión".
En este sentido, ha advertido que "el creciente uso de las leyes penales por parte del Gobierno de Malasia para atacar a los críticos demuestra su rápido deterioro de las normas de Derechos Humanos".
Uno de los casos más recientes que documenta la organización es la investigación penal abierta contra dos periodistas por su cobertura de las denuncias de que la brutalidad policial fue la causa de una muerte durante una detención.
El motivo para la investigación es una disposición del Código Penal, "ampliamente redactada", que tipifica como delito la "difusión de rumores que puedan causar miedo y alarma al público, que puedan inducir a una persona a cometer un delito contra el Estado o contra la paz pública".
Frente a esto, Lakhdhir ha defendido que "informar sobre las denuncias de mala conducta del Gobierno forma parte del trabajo de un periodista", para añadir que en lugar de investigar a periodistas las autoridades deben "llevar a cabo una investigación creíble sobre las denuncias de abusos policiales".
Las autoridades también han abierto una investigación contra el caricaturista político Zulfikar Anwar Ulhaque por un dibujo satírico en el que se burlaba del ministro jefe de Kedah por su decisión de cancelar un día festivo de una fiesta hindú, mientras que los líderes de las recientes protestas pacíficas también han sido objeto de investigaciones policiales, entre otros ejemplos.
Human Rights Watch ha incidido en que las normas internacionales establecen que nadie debe ser considerado responsable penalmente por el mero hecho de organizar o participar en una reunión pacífica, y que la imposición de sanciones penales a personas que no notifican al Gobierno su intención de reunirse pacíficamente es "desproporcionada con respecto a cualquier interés legítimo del Estado que pueda servir".
En este sentido, por si "las investigaciones no fueran lo suficientemente malas", Malasia tiene "leyes tan vagas y amplias que la Policía puede perseguir a casi cualquier persona por casi cualquier cosa que haga o diga", ha denunciado Lakhdhir.
A su vez, ha pedido al Gobierno que deje "de tratar la crítica como un delito y modificar o derogar las leyes abusivas que se utilizan contra la expresión crítica y la protesta pacífica".