Publicado 22/06/2020 11:23CET

Malaui.- Malaui celebra otra vez presidenciales tras la anulación de las elecciones de 2019 por irregularidades

Malaui.- Malaui celebra otra vez presidenciales tras la anulación de las eleccio
Malaui.- Malaui celebra otra vez presidenciales tras la anulación de las eleccio - 2016 GETTY IMAGES / RICCARDO SAVI - Archivo

La tensión ha ido en aumento ante los intentos de Mutharika de impedir la nueva votación

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La población de Malaui acudirá este martes nuevamente a las urnas para elegir al presidente del país, después de que las elecciones de 2019, en las que el actual mandatario, Peter Mutharika, obtuvo la reelección, fueran anuladas en febrero por los tribunales a causa de las numerosas irregularidades registradas durante el proceso.

La anulación de las presidenciales --la segunda decisión de este tipo en la historia del continente, tras las de 2017 en Kenia-- fue determinada en febrero por el Tribunal Constitucional, que dio además 150 días de plazo para la repetición de la votación, un fallo que fue posteriormente ratificado por el Supremo tras las apelaciones de Mutharika y la propia comisión electoral.

El fallo ha provocado duras críticas por parte de Mutharika, quien ha iniciado una serie de maniobras para intentar ganar tiempo o anular la cancelación de su victoria. Así, en un primer momento apeló contra la decisión, para posteriormente pedir abiertamente al Parlamento que "hiciera rendir cuentas" a los jueces.

Asimismo, ha nombrado una nueva comisión electoral --tras la dimisión de la presidenta, Jane Ansah, después de meses de presiones por su gestión de la votación de 2019-- que incluye a miembros de su partido que ya formaban parte de la misma y debían haber sido sustituidos, además de reducir el número de representantes de la oposición, en un aparente intento de crear una disputa que aplazara los comicios.

En un esfuerzo de última hora, el Gobierno forzó la semana pasada al jefe del aparato judicial y presidente del Tribunal Constitucional, Andrew Nyirenda, a cogerse un permiso hasta su jubilación, si bien la decisión ha sido apelada y, por tanto, aún no es efectiva.

Las críticas de Mutharika contra los tribunales le han llevado a cargar también contra el Supremo por bloquear la imposición de un confinamiento ante el coronavirus por la falta de protecciones a la población más desfavorecida. "Nuestra lucha contra el coronavirus está siendo socavada por la política y los políticos. Los tribunales impidieron que entráramos en confinamiento", criticó recientemente.

El veredicto del Constitucional supuso además la introducción de enmiendas a la ley electoral que implican un cambio fundamental de cara a la votación: el vencedor tendrá que lograr más del 50 por ciento de los apoyos. En 2019, Mutharika fue declarado ganador con el 38,5 por ciento de las papeletas como candidato más votado, si bien los tribunales han dicho que esto es inconstitucional.

Por ello, los últimos meses han visto la creación de dos bloques entre los que las tensiones han ido al alza, en medio de la pandemia y ante el deterioro de la situación económica del país, sumido en una grave crisis a la que cerca de dos años de campaña electoral no han permitido prestar la atención y los recursos necesarios.

LA FORMACIÓN DE ALIANZAS

Estos dos grupos están encabezados por el propio Mutharika y por el opositor Lazarus Chakwera, líder del Partido del Congreso de Malaui (MCP), quien quedó en segundo lugar en 2019 y fue uno de los responsables de la demanda presentada ante los tribunales para anular dicha votación.

Debido a la nueva ley sobre mayorías, Mutharika --hermano del expresidente Bingu wa Mutharika (2004-2012)-- unió fuerzas con el líder del Frente Democrático Unido (UDF), Atupele Muluzi, hijo del también expresidente Bakili Muluzi (1994-2004) y quien quedó en cuarto lugar en 2019 con el 4,7 por ciento de los apoyos.

Por su parte, Chakwera ha formado una coalición con el vicepresidente y líder del Movimiento Unido de Transformación (UTM), Saulos Chilima, en la conocida como Alianza Tonse, que cuenta además con el apoyo de la expresidenta Joyce Banda, derrotada por Mutharika en las elecciones de 2014.

Los opositores obtuvieron el 35,4 y el 20,2 por ciento de los votos en 2019 pese a las confirmadas irregularidades, por lo que Chakwera obtendría la Presidencia si mantuvieran estos apoyos. El tercer candidato en liza, Peter Kuwani, del Movimiento Mbakuwani para el Desarrollo (MMD), figura con unos respaldos mínimos en las encuestas.

Estos sondeos apuntan a una victoria de Chakwera, que cuenta con un mayor peso en el centro y el norte del país, además de en las zonas urbanas, cada vez más críticas con el presidente. Por su parte, el mandatario tiene su nicho de votos en el sur y ha intentado ganar peso en el norte, foco de sus esfuerzos en campaña.

UNA CAMPAÑA MARCADA POR LA TENSIÓN

Las elecciones de 2019 estuvieron marcadas por una tensión que no ha hecho más que aumentar a raíz de la anulación de la votación, en parte debido a la creciente polarización y también a causa de las duras acusaciones que han cruzado ambos grupos durante la campaña.

En este contexto, Chilima denunció a principios de mayo una campaña promovida por el Estado contra miembros de la oposición y activistas y llegó a advertir de que esta situación podría llevar al país africano a la guerra o incluso a un "genocidio", acusaciones que fueron respaldadas poco después por Chakwera.

"La violencia que vemos hoy está patrocinada y está bien coordinada", manifestó Chilima, antes de apuntar directamente al gubernamental Partido Progresista Democrático (DPP) de Mutharika --un partido al que pertenecía y que abandonó en 2018 debido al "vergonzoso nivel" de corrupción-- y a su ala juvenil.

Sin embargo, el portavoz de la Presidencia, Mgeme Kalilani, rechazó las acusaciones y destacó que Mutharika ha pedido a sus seguidores "que no actúen contra las provocaciones de los seguidores de la UTM y el MCP", al tiempo que agregó que "es algo conocido que los seguidores del PDD son los que han estado recibiendo la violencia política desde el 21 de mayo (de 2019)".

Por su parte, la ONG Freedom House ha denunciado que "los recientes ataques violentos por parte de seguidores del partido gubernamental contra activistas opositores, defensores de los Derechos Humanos y periodistas ponen en duda que las elecciones vayan a ser libres y justas" y ha criticado el "acoso" contra el aparato judicial.

ACUSACIÓN ANTE EL TPI

El punto álgido llegó el 16 de junio, cuando Chilima denunció ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) a Mutharika y al jefe de la Policía, Duncan Mwapasa, por presuntos crímenes contra la Humanidad entre 2018 y 2020, incluidas violaciones, violencia sexual y persecución por motivos políticos.

Kalinani volvió a salir al paso de las acusaciones e incidió en que los dos principales partidos opositores "han estado planificando, financiando y perpetuando la violencia contra gente inocente bajo el disfraz de manifestaciones pacíficas desde mayo de 2019". "No pueden engañar a ningún tribunal razonable", zanjó.

Ante esta situación, el presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Moussa Faki Mahamat, pidió la semana pasada en un comunicado a todos los políticos que "se comporten pacíficamente" y aplaudió "la conducta pacífica" en el país desde la anulación de los resultados.

"Llamo a todos los actores a trabajar hacia la preservación de la calma y la paz en el país", dijo, antes de pedir a todos los partidos, candidatos y sus seguidores que "creen las condiciones para unas elecciones democráticas, creíbles y pacíficas y que eviten cualquier acto de violencia".

Según los datos de la comisión electoral, 6,8 millones de personas están llamadas a votar en el país, de 17,5 millones de habitantes y uno de los más pobres del mundo, marcado además por el impacto del coronavirus.

Alrededor del 80 por ciento de la población depende de la agricultura, en un país vulnerable a los 'shocks' externos como el clima y la salud, además del rápido crecimiento población y la degradación ambiental, según el Banco Mundial, que hace igualmente hincapié en las elevadas tasas de corrupción.