MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aprobado por unanimidad prorrogar un año el mandato el mandato de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de la ONU en Malí (MINUSMA), que ha recibido además el mandato de apoyar el proceso de transición política tras los dos golpes de Estado que ha sufrido el país desde agosto de 2020.
Así, ha decidido que la misión debe seguir integrada por 13.289 militares y 19.20 policías, antes de solicitar al secretario general de la ONU, António Guterres, que presente en un plazo de 15 meses recomendaciones sobre los niveles de despliegue de la fuerza en el país africano.
En su decisión, ha autorizado a la MINUSMA a usar "todos los medios necesarios para llevar a cabo su mandato", siendo el punto principal el apoyo a la aplicación del acuerdo de paz firmado en 2015, así como facilitar una estrategia exhaustiva para aumentar la protección a los civiles, reducir la violencia intercomunitaria y restablecer la presencia y la autoridad del Estado en el centro del país.
El organismo, integrado por 15 países, ha reclamado a todos los actores políticos que "faciliten la materialización de la transición y la entrega del poder a unas autoridades civiles electas en el periodo de transición de 18 meses", que debe desembocar en unas elecciones previstas para el 27 de febrero de 2022.
Así, ha incidido en que el Gobierno de transición debe hacer todo lo posible para organizar unas legislativas y presidenciales "libres y justas", así como unos comicios regionales, locales y un referéndum constitucional, todo ello dentro de este periodo de 18 meses.
El Consejo de Seguridad de la ONU ha pedido además que se respeten los acuerdos de alto el fuego y ha solicitado a todos los grupos armados que "corten sus lazos con las organizaciones terroristas y el crimen organizado transnacional", así como el fin del reclutamiento de niños soldado.
Por último, ha reclamado la inclusión de estrategias nacionales y regionales para hacer frente al estigma de la violencia sexual y de género, lograr justicia para las víctimas y supervivientes y apoyar su reintegración en sus respectivas comunidades.
La decisión ha sido adoptada horas después de que la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidiera a las autoridades que actúen para "romper el ciclo de impunidad" en el país, escenario de un aumento de las violaciones de los Derechos Humanos durante el primer semestre de este año.
La división de Derechos Humanos y Protección de la Misión MINUSMA ha indicado que entre enero y junio de 2021 se registraron 617 abusos de los Derechos Humanos, incluidos 165 asesinatos por parte de grupos armados, un aumento del 37 por ciento respecto a las cifras entre agosto y diciembre de 2020.
Por otra parte, se ha registrado un drástico aumento de las violaciones por parte de los actores gubernamentales, de 53 entre agosto y diciembre de 2020 a 213 durante el primer semestre de 2021, incluida la ejecución sumaria o arbitraria de 44 civiles.
Malí, al igual que otros países del Sahel, ha venido registrando en los últimos años un número creciente de ataques yihadistas obra tanto de la filial de Al Qaeda en la región como de la de Estado Islámico, lo cual ha hecho además aumentar la violencia intercomunitaria y provocado el desplazamiento de decenas de miles de personas.