Publicado 07/09/2020 11:36:34 +02:00CET

Malí.- Las sanciones regionales amenazan con agravar una situación humanitaria ya crítica en Malí

Malí.- Las sanciones regionales amenazan con agravar una situación humanitaria y
Malí.- Las sanciones regionales amenazan con agravar una situación humanitaria y - VINABÉ MOUNKORO/NRC

La creciente inseguridad unida a la pandemia de coronavirus han dejado a un tercio de la población necesitada de asistencia

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Uno de cada tres malienses necesita actualmente asistencia humanitaria en un país donde la pandemia de coronavirus no ha hecho sino agravar una situación que ya era crítica debido a la creciente violencia tanto yihadista como intercomunitaria. Las sanciones impuestas por la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) a raíz del golpe de Estado militar que forzó la salida del presidente Ibrahim Boubacar Keita el pasado 18 de agosto amenazan con convertirse en un nuevo lastre.

Según las últimas estimaciones de la ONU, 6,8 millones de personas necesitan ayuda humanitaria en todo el país, con el norte y el centro como las zonas más afectadas. Este dato supone un aumento del 58 por ciento con respecto a enero, cuando eran 4,3 millones. También se han duplicado las personas necesitadas de asistencia alimentaria urgente para subsistir, pasando de 648.000 a 1,3 millones en agosto.

Además, hasta julio se contabilizaban 287.496 desplazados en el país, en comparación con los 209.751 que había en diciembre pasado. Este aumento podría explicarse por el hecho de que en la primera mitad del año hubo 1.775 incidentes de protección, un dato que contrasta con los 1.882 registrados durante todo 2019.

"La pandemia de COVID-19 ha afectado todos los sectores de la asistencia humanitaria y es uno de los muchos factores que contribuyen al aumento de las necesidades humanitarias", explica a Europa Press la jefa de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) en Malí, Amy Martin.

IMPACTO DE LA PANDEMIA

"El impacto socioeconómico de la COVID-19 ha reducido significativamente los medios de supervivencia de la población, que ya vivían con recursos limitados, lo cual está golpeando especialmente duro durante la estación de carestía actual", destaca la responsable de la ONU.

Al igual que ocurre en otros países del Sahel, los efectos del coronavirus "van más allá del impacto sanitario", incide por su parte el portavoz regional del Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), Tom Peyre-Costa.

"Las familias desplazadas se están viendo duramente golpeadas por los embates económicos, así como por las medidas de confinamiento para contener el virus, como el cierre de escuelas, negocios e instituciones gubernamentales", añade, subrayando que la perdida de sus medios de subsistencia tiene "efectos dramáticos en las familias que ya eran vulnerables antes de esta crisis".

Pero, en la actualidad, sostiene Peyre-Costa, "la epidemia más mortífera en Malí es la incesante violencia contra civiles que empuja a miles de ellos a huir". Solo en la primera mitad de 2020 más de 650 civiles fueron asesinados, destaca el portavoz del NRC.

AUMENTO DE LA INSEGURIDAD

Malí ha visto como en los últimos años las acciones de los grupos yihadistas han ido en aumento. En el país operan tanto la filial de Al Qaeda en el Sahel --el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes, JNIM--, como la de Estado Islámico --Estado Islámico en el Gran Sáhara--.

Su creciente actividad ha venido acompañada de un incremento de las tensiones de carácter étnico, lo que ha motivado numerosos incidentes de violencia intercomunitaria, a los que se suman además los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad malienses, denunciados de forma reiterada por las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos.

En este contexto, y tras dos meses de protestas contra Keita, un grupo de oficiales del Ejército forzaron la renuncia del presidente el pasado 18 de agosto, instaurando un Consejo Nacional para la Salvación del Pueblo (CNSP) que ha prometido elecciones "en un plazo razonable" y que este fin de semana inició las consultas con la sociedad civil y la clase política con vistas a fijar una hoja de ruta de la transición.

Así las cosas, la principal preocupación del NRC, reconoce Peyre-Costa, son "los desplazados y las personas vulnerables que dependen de la ayuda humanitaria". "La incertidumbre en torno al futuro político de Malí tras el reciente cambio político aumenta el riesgo de un conflicto renovado en el norte y el centro del país, lo cual podría aumentar aún más la vulnerabilidad de quienes ya están desplazados así como provocar nuevos desplazamientos", advierte.

IMPACTO DE LAS SANCIONES DE LA CEDEAO

Aunque las organizaciones humanitarias han seguido realizando su labor tras los últimos acontecimientos, existe el temor de que las sanciones dictadas por la CEDEAO contra el país, al que ha suspendido como miembro y con el que ha procedido a cerrar fronteras e interrumpir el comercio, vengan a agravar aún más los desafíos a los que ya se enfrenta Malí.

Para poder seguir ofreciendo ayuda a quien la necesita, subraya la jefa de la OCHA en Malí, es necesario el apoyo de la comunidad internacional para "garantizar que las sanciones actuales no agravan la situación humanitaria sin precedentes en Malí, nunca vista desde el inicio del conflicto en 2012" en el país.

Martin reconoce que a la comunidad humanitaria le preocupa que "la situación humanitaria se siga deteriorando, la falta de protección para la población en las zonas más afectadas por el conflicto y la potencial perturbación de las operaciones humanitarias si persisten las sanciones".

En este sentido, la jefa de la OCHA advierte de que el cierre de fronteras "podría afectar la libertad de movimientos de la población, especialmente de quienes buscan protección y refugio cruzando de un país a otro", dado que la región Liptako-Gourma, en la frontera entre Malí, Níger y Burkina Faso, es una de las más castigadas actualmente por la violencia.

Además, añade Martin, "la prohibición de transacciones financieras con los países de la CEDEAO podría afectar a los hogares vulnerables que dependen de las transferencias de dinero de familiares en los países vecinos así como las operaciones de las organizaciones humanitarias".

"Malí se encuentra ahora mismo en la encrucijada, por tanto pedimos a todos los actores que tomen la senda de una solución rápida y pacífica y garanticen que la asistencia humanitaria sigue llegando a quienes la necesitan", ha reclamado a su vez Peyre-Costa.

"El sufrimiento de los malienses desplazados y los refugiados en el país no tiene una evolución predecible pero lo que sí que vemos es que las necesidades aumentan a diario", remacha el portavoz del NRC. De los 474,3 millones de dólares solicitados para la asistencia humanitaria en 2020 hasta la fecha se han recibido el 35 por ciento.

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