Publicado 15/11/2021 14:24CET

Mantienen el paro nacional en la provincia boliviana de Santa Cruz hasta que se oficialice la derogación de la Ley 1386

Archivo - 17 March 2021, Bolivia, La Paz: People wave flags of Bolivia during a protest against the arrest of Bolivia's former interim president Jeanine Anez and other ex-ministers. A group of doctors took part in the rally, calling for the repeal of a ne
Archivo - 17 March 2021, Bolivia, La Paz: People wave flags of Bolivia during a protest against the arrest of Bolivia's former interim president Jeanine Anez and other ex-ministers. A group of doctors took part in the rally, calling for the repeal of a ne - Radoslaw Czajkowski/dpa - Archivo

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Comité Cívico de Santa Cruz, junto con otras asociaciones y sectores, se han movilizado de nuevo este domingo para mantener el paro general de actividad en Bolivia hasta que el Gobierno del país concrete la derogación de la Ley 1386 contra el blanqueo de capitales, anunciada este sábado, mientras que el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) ha resuelto continuar con las medidas de presión porque considera insuficiente la derogación.

"El pueblo cruceño, representado por distintos sectores (...) ha resuelto mantener el paro general hasta que se promulgue la ley que abrogará la 1386", ha anunciado este domingo el líder del Comité, Rómulo Calvo, durante una concentración en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, recoge el diario local 'La Razón'.

Asimismo, ha avisado de que la población se mantendrá "alerta ante cualquier otro intento legislativo que pretenda violentar sus derechos y garantías constitucionales", y ha puesto en valor la necesidad de "seguir alimentando la unidad" entre los sectores poblacionales pues su "lucha continúa".

Por su parte, el presidente de Comcipo, Juan Carlos Manuel, ha confirmado la intención del comité de continuar con las movilizaciones, al tiempo que ha exigido la derogación "de todo el paquete de leyes" y la restitución de los dos tercios en la Asamblea Legislativa "para un mejor debate y elaboración de leyes constitucionales".

Por otro lado, y tras una reunión mantenida a última hora del domingo, Manuel ha informado de que el Comcipo ha resuelto pedir que "no se toque" a ningún dirigente del comité u otras organizaciones por motivo de "persecución judicial ni política". En caso contrario, ha advertido en declaraciones a Unitel de que "el pueblo reaccionará nuevamente".

Del mismo modo, ha exigido a la Policía "estar al servicio del pueblo sin parcializarse con el grupo del Movimiento Al Socialismo (MAS) y ha reclamado al gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, "cumplir su compromiso de no convocar a la gente del área rural" para enfrentarse con los cívicos, recoge 'La Razón'.

DEROGACIÓN DE LA LEY

El presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció este sábado la derogación de la Ley 1386 contra el blanqueo de capitales que los gremios y transportistas citaban como principal escollo para negociar con el Gobierno en el marco del paro nacional indefinido.

"Hemos tomado la decisión de abrogar la Ley 1386 a objeto de allanar el camino para que no exista el mayor pretexto para seguir enlutando, maltratando y paralizando nuestra economía", declaró Arce durante una rueda de prensa.

Asimismo, defendió que su Gobierno había hecho un seguimiento de lo que iba ocurriendo en las protestas, enviando a ministros para que tuvieran un "contacto más directo" con las organizaciones que "aparentemente" estaban teniendo "observaciones a la ley".

El presidente boliviano admitió que, efectivamente, existían "factores (de la ley) que estaban afectando e inquietando a ciertos sectores sociales como gremiales y transporte", pero también achacó parte del cuestionamiento a una "agenda política".

Entretanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, ha convocado una sesión este lunes para analizar el proyecto que definitivamente abrogue la cuestionada Ley 1386

La Confederación de Gremiales y los transportistas se reunieron el viernes en la ciudad boliviana de Cochabamba para definir su respuesta a la convocatoria del Ejecutivo al diálogo para intentar solucionar el actual conflicto en el país, y acordaron no dialogar hasta que se derogara la ley en cuestión.

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