Publicado 27/12/2019 22:43

Mauricio.- Mauricio sopesa llevar a Reino Unido ante el TPI por sus actos en el archipiélago de Chagos

MADRID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Mauricio ha afirmado este viernes que sopesa presentar cargos por crímenes contra la Humanidad contra funcionarios británicos ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) por sus actos en el archipiélago de Chagos.

El primer ministro del país africano, Pravind Jugnauth, ha acusado a Reino Unido de cometer "crímenes contra la humanidad" al negar el derecho de retorno al archipiélago de Chagos a sus antiguos residentes, evacuados por la fuerza, a pesar del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Así, ha resaltado en una entrevista concedida a la cadena de televisión británica BBC que la postura de Londres "es una violación de los principios básicos de los Derechos Humanos". "No logro entender por qué Reino Unido, este gobierno, está siendo tan terco", ha sostenido.

"Reino Unido ha estado respetando desde hace años el Estado de Derecho y el Derecho Internacional, pero es una pena que no actúe de forma justa, razonable y según el Derecho Internacional en el asunto del archipiélago de Chagos", ha lamentado.

En este sentido, Philippe Sands, un abogado que representa al Ejecutivo de Mauricio, ha indicado que "Reino Unido está al borde de convertirse en un estado paria".

"Tenemos una situación en la que los chagosianos, una población deportada, quieren volver y tienen derecho a volver, mientras que Reino Unido les está impidiendo volver", ha manifestado. "¿Es eso un crimen contra la Humanidad? Mi respuesta es que puede decirse que sí", ha remachado.

Las autoridades británicas han empezado a llevar a pequeños grupos de personas al archipiélago para visitas "patrimoniales", lo que ha sido criticado desde el Chagos Refugees Group, que ha anunciado un boicot a estas medidas.

Reino Unido incumplió el 22 de noviembre la fecha límite impuesta por Naciones Unidas para devolver a Mauricio el control del archipiélago de Chagos, con lo que pasó a convertirse en ocupante colonial del territorio.

La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó en mayo una resolución reclamando a Reino Unido que entregue el control del archipiélago en un plazo de seis meses, tras el fallo de la CIJ en este sentido.

La resolución respaldó el fallo de la CIJ y fue aprobada con 116 votos a favor, 56 abstenciones y seis votos en contra --Australia, Estados Unidos, Hungría, Israel, Maldivas y Reino Unido--.

EL FALLO DE LA CIJ

La CIJ falló en febrero que Reino Unido debe poner fin "lo más rápidamente posible" a su administración del archipiélago de Chagos, al considerar que no fue separado de forma adecuada de Mauricio tras su descolonización.

El país africano reclama la soberanía del archipiélago, ubicado en el océano Índico, y rechaza la decisión de Reino Unido de separar ambos territorios en 1965 a cambio de la independencia del país.

La decisión de Londres implicó el traslado de la totalidad de la población de Chagos a Mauricio por parte de Reino Unido y a petición de Estados Unidos para la construcción de su base militar en la isla de Diego García, la más grande del archipiélago.

En este sentido, la CIJ sostuvo en su fallo que "según el Derecho Internacional, el proceso de descolonización de Mauricio no fue completado legalmente cuando ese país accedió a la independencia en 1968, tras la separación del archipiélago de Chagos".

Así, agregó que "Reino Unido tiene la obligación de poner fin a su administración del archipiélago de Chagos lo más rápidamente posible" y que "los estados miembro están obligados a cooperar con Naciones Unidas para completar la descolonización de Mauricio".

La CIJ resaltó que la separación del archipiélago "no estuvo fundamentada en la expresión libre y genuina de la voluntad del pueblo afectado" y recordó que el Derecho Internacional exige a la colonia que "respete la integridad territorial" del país, incluido el archipiélago.

El pronunciamiento de la CIJ no es vinculante, si bien tiene un gran peso. La Asamblea General de Naciones Unidas decidió en junio de 2017 pedir a la CIJ que se pronunciara sobre el futuro de las islas, en una votación que se saldó con 94 votos a favor, 65 abstenciones y 15 en contra.