La ONG aplaude las recientes reformas de las autoridades mauritanas y pide "profundizar estos esfuerzos" y "poner fin a las expulsiones colectivas"
MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -
La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) ha acusado este miércoles a Mauritania de cometer graves violaciones de los Derechos Humanos entre 2020 y 2025 contra migrantes y solicitantes de asilo en un informe en el que ha cargado además contra el respaldo de la Unión Europea (UE) y España a las autoridades fronterizas y migratorias del país, en lo que describe como una externalización del control migratorio.
En su informe, de 142 páginas y titulado 'Me acusaron de intentar ir a Europa': abusos en el control migratorio y la externalización de la UE en Mauritania', la ONG documenta abusos por parte de la Policía, la Guardia Costera, la Armada, la Gendarmería y el Ejército mauritanos en operativos fronterizos y de control migratorio, princpalmente contra personas de África occidental y central cuando intentaban salir del país o cruzarlo en tránsito para llegar a las costas europeas.
Así, HRW ha señalado que entre estos abusos figuran torturas, violaciones y otras formas de violencia, acoso sexual, detenciones y arrestos arbitrarios, condiciones inhumanas de detención, tratos racistas, extorsión y robos, y expulsiones sumarias y colectivas, hechos "agravados por el respaldo continuo" de la UE y España --a nivel bilateral-- a Nuakchot.
"Durante años, las autoridades mauritanas aplicaron un modelo represivo de control migratorio, lamentablemente común en el norte de África, violando los derechos de personas migrantes africanas de otras regiones", ha lamentado Lauren Seibert, investigadora de la organización no gubernamental sobre derechos de las personas refugiadas y migrantes.
Sin embargo, ha destacado que "las recientes reformas en Mauritania muestran que es posible adoptar un enfoque diferente" y ha agregado que el Gobierno del país africano "debería profundizar en estos esfuerzos, fortalecer la supervisión de las fuerzas de seguridad y poner fin a las expulsiones colectivas".
La ONG ha entrevistado a más de 220 personas entre 2020 y mediados de 2025 para la redacción del informe, en el marco de una serie de visitas a Mauritania, Malí y Senegal, así como a instituciones del bloque europeo en Bruselas, al tiempo que examinó lesiones resultantes de supuestos abusos y recopiló documentación para corroborar los testimonios.
En este sentido, ha recalcado que las fuerzas de seguridad mauritanas habrían cometido violaciones contra 77 personas migrantes y solicitantes de asilo, incluidos menores, así como contra un mauritano que afirmó haber sido torturado por la Policía en el marco de varios interrogatorios relacionados con una operación contra el tráfico de personas en 2022.
La organización ha recordado que la ruta Atlántica, que conecta el noroeste de África con las Islas Canarias, registró entre 2020 y 2024 un aumento de los intentos de migrantes y solicitantes de asilo para llegar a costas españolas, en muchas ocasiones iniciando su travesía en las costas de Mauritania, un país que ya era históricamente un destino para personas de África occidental y central en busca de empleo.
Mauritania acoge ya a unos 176.000 solicitantes de asilo y refugiados, en su mayoría procedentes de Malí, escenario de un conflicto armado desde hace más de una década. Además, numerosos migrantes intentan cruzar Mauritania para continuar su ruta hacia países del norte de África, entre ellos Marruecos y Argelia.
ACUERDO CON LA UE Y APOYO DE ESPAÑA
El Gobierno mauritano firmó en 2024 un nuevo acuerdo de cooperación migratoria con la UE a cambio de 210 millones de euros para reducir la migración irregular, un pacto que HRW describe como similar a otros sellados por el bloque europeo con países como Túnez y Egipto, mientras que España incrementó su apoyo bilateral con este mismo objetivo, manteniendo el despliegue de agentes de la Policía y la Guardia Civil en el país africano para respaldar estas labores.
De esta forma, la ONG ha reseñado que la Policía mauritana expulsó del país entre 2020 y mediados de 2025 a miles de africanos, "en general, sin procedimiento legal ni oportunidad de impugnar la expulsión", hacia "zonas remotas" en las fronteras con Malí y Senegal, lo que expuso a estas personas a "graves riesgos".
Un ciudadano liberiano identificado como Marco Gibson ha explicado que fue detenido por el Ejército mauritano junto a más de 40 migrantes en diciembre de 2024 cuando intentaban acceder al territorio de Sáhara Occidental ocupado por Marruecos. "El Ejército mauritano (...) nos golpeó con palos (y) un látigo de goma. Nunca había visto una actitud tan brutal", ha relatado.
Posteriormente, el hombre fue expulsado por la Policía mauritana junto a más de 20 personas, incluidos menores, hacia la localidad fronteriza de Gogui, en la región de Nioro de Sahel, en Kayes, que días después fue objetivo de un ataque perpetrado por parte de uno de los grupos armados islamistas que operan en territorio de Malí.
En este contexto, HRW ha dicho haber documentado el uso de sujeciones prolongadas y dolorosas, acceso limitado a alimentos y agua, y otros malos tratos durante las expulsiones, antes de ahondar en los efectos negativos negativos de las intercepciones y devoluciones forzadas de embarcaciones migrantes por parte de Mauritania, con apoyo de la UE y España.
La ONG ha recalcado además que las labores de búsqueda y rescate en el Atlántico siguen siendo insuficientes, lo que contribuye a la persistencia de muertes en la ruta Atlántica, al tiempo que ha insistido en que el papel de la UE y España provoca que "compartan la responsabilidad por los abusos cometidos en Mauritania".
HRW ha especificado, de hecho, que en algunos casos "fuerzas españolas estuvieron presentes durante detenciones y arrestos abusivos de personas migrantes por parte de las autoridades mauritanas" y ha añadido que "la UE también financió la renovación de dos antiguos centros de detención de personas migrantes, cuya reapertura está prevista para este año con el fin de albergar a personas interceptadas o rescatadas en el mar".
MAURITANIA y LA UE RECHAZAN LAS ACUSACIONES
La propia ONG ha apuntado en su comunicado que, en respuesta a sus preguntas, el Gobierno de Mauritania ha rechazad "las acusaciones de tortura, discriminación racial o violaciones sistemáticas de los derechos de las personas migrantes" y ha incidido en las recientes medidas aprobadas por las autoridades, incluida la prohibición de las expulsiones colectivas y la aprobación de nuevos procedimientos operativos para regular los desembarcos y la "gestión" de personas migrantes.
En este sentido, la Comisión Europea ha trasladado a HRW que su asociación con Mauritania está "sólidamente anclada" en el respeto de los derechos y ha destacado el respaldo de la UE a los procedimientos operativos y otras iniciativas centradas en los derechos, sin que las autoridades de España se hayan pronunciado por ahora sobre el informe.
Por todo ello, Seibert ha reiterado que "las medidas del gobierno mauritano para mejorar el respeto de los derechos de las personas migrantes son muy necesarias". "Si avanza con más determinación para poner fin a los abusos, Mauritania podría liderar el camino hacia una gestión migratoria respetuosa de los derechos en el norte de África", ha argumentado.
La investigadora de HRW ha sostenido además que, por su parte, "la UE y España deberían garantizar que su cooperación migratoria con Mauritania dé prioridad a los derechos y a la protección de vidas humanas, en lugar de apoyar medidas de seguridad que derivan en abusos".