México aprueba una reforma constitucional para ampliar la prisión preventiva

México aprueba una reforma constitucional para ampliar la prisión preventiva
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Publicado 21/02/2019 21:59:12CET

   CIUDAD DE MÉXICO, 21 Feb. (Notimérica) -

   El Congreso de México ha aprobado una reforma constitucional que permite aplicar la prisión preventiva a nueve delitos que hasta el momento no eran considerados graves, y que a partir de ahora podrían aplicar esta medida cautelar.

   La medida, impulsada por el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y aprobada por mayoría en la Cámara, establece como objetivo el "restablecimiento de la paz social" y se vende como necesaria para que el Ministerio Público pueda combatir el crimen.

   Los nuevos nueve delitos que incluirán la prisión preventiva son: la corrupción, el robo de combustible, el uso de programas sociales con fines electorales, el abuso o violencia sexual contra menores, el feminicidio, el robo al transporte de carga, a una vivienda, la desaparición forzada de personas y la posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

   Estos se unen a los delitos graves de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas y atentado contra la seguridad nacional. En todos estos casos el juez estará obligado a enviar al acusado a prisión sin fianza.   

   Por su parte, la oposición, organizaciones del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos argumentan que esta reforma puede violar la presunción de inocencia de los acusados.

   "¿Qué consecuencias puede tener? Que el fiscal con reunir unos pocos elementos envíe a alguien a la cárcel sin investigar. Generamos así reos sin condenas y alentamos la impunidad, porque si alguien es culpable y el Ministerio Público no realiza la investigación, a los dos años puede quedar en libertad", ha argumentado el director de asuntos jurídicos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rubén Pérez Sánchez.

   Asimismo, el representante de la ONU en México, Jan Jarab, se manifestó al respecto en un medio local: "Es una figura normal en regímenes autoritarios donde no hay diferencia entre las autoridades que investigan y las autoridades que sentencian, donde no hay independencia judicial y las personas están expuestas al ejercicio arbitrario del poder. En un estado democrático de derecho se considera que la privación de libertad es una medida excepcional".

   Como la medida implica una reforma de la Constitución, ahora deberá ser también aprobada por al menos 17 de las 21 legislaturas estatales, en la mitad de las cuales el partido de AMLO cuenta con mayoría.

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