MEXICO DF, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -
El exgobernador Andrés Granier, del estado de Tabasco en México, ha sido arrestado por estar acusado de blanqueo de dinero y de desviar fondos públicos que el gobierno federal le había entregado a su administración, lo que supone un escándalo de presunta corrupción de un miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el partido gobernante, según la agencia Reuters.
Granier, que ya había pasado su primer día en prisión el 11 de junio, llevaba 12 días hospitalizado en el Hospital Ángeles, en México DF, donde se le había practicado un cateterismo, y obtuvo este martes el alta, para más tarde ser trasladado a la penal en una camioneta custodiada por policías a instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) en México DF, según el diario mexicano 'El Universal'.
El exmandatario, que había presumido en una grabación de poseer 1.000 camisas y 400 pares de zapatos, "ha reiterado su inocencia y ha solicitado a las autoridades un proceso justo y apegado a derecho, en el que se respeten sus garantías", según ha dado a conocer su defensa, que protestó porque el traslado se realizó sin que estuviera un médico cerca.
La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de México ha ordenado la detención de Granier por el presunto mal manejo de 989 millones de pesos que el gobierno federal le entregó a su administración en los dos últimos años, para gastos de seguridad, educación, salud, programas sociales y de protección civil -- por desastres naturales--, que presuntamente fueron desviados por funcionarios de la Secretaría de Finanzas de Tabasco.
Granier --que estuvo en el cargo desde el 2006 al 2012-- está acusado por su sucesor, Arturo Núñez, del desvío de 1.900 millones de pesos --unos 110 millones de euros-- y de dejar deudas sin justificar por 20.000 millones de pesos --unos 1.162 millones de euros--.
El exmandatario comparecerá este miércoles y en los próximos días ante la juez de Procesos Penales y Judiciales Taissia Cruz Parcero, quien definirá su situación jurídica por los supuestos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y por defraudación fiscal, según el diario mexicano 'El Universal'.