Los empresarios señalan que el asesinato del titular del organismo privado fue el detonante para pedir medidas contra la inseguridad
TIJUANA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) exigió al Gobierno del país, bajo la amenaza de convocar a una ruptura social con las autoridades si no hay resultados, restringir el tránsito nocturno de menores e instalar retenes en zonas conflictivas y en la entrada a la ciudad, entre otras acciones, para contener la ola de violencia que azota la frontera. En lo que va de año, se han registrado en Tijuana 13 asesinatos violentos.
El titular del organismo privado, Daniel Romero Mejía, señaló que el asesinato del empresario Alfredo Cuentas Ochoa la semana pasada, cuando trató de evitar ser secuestrado, fue el detonante para exigir acciones concretas. Pero aclaró que la preocupación va más allá, porque todos los delitos se han incrementado.
Durante una reunión con autoridades de la Policía y legisladores, los empresarios establecieron ocho puntos, entre los que también demandaron la presencia de la Policía Federal Preventiva (PFP) y más elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI). Además, acordaron evaluar la necesidad de que intervenga el Ejército.
De la restricción para circular en la noche, el empresario informó que las autoridades la aceptaron y de que en 15 días se pondrá en marcha. Explicó que la restricción del tránsito nocturno a menores "no es un toque de queda", sino que trata de evitar que deambulen por las calles sin necesidad a altas horas de la noche, según el diario local 'El Universal'.
Entre las propuestas de acciones inmediatas para combatir la inseguridad, los empresarios del ramo de bares y cantinas se comprometieron a eliminar las horas extras de operación de sus negocios y anular promociones de 'dos por uno' y barra libre, al constatar que muchos sucesos violentos se deben al abuso del alcohol.
"CERO TOLERANCIA" A LA CIUDADANIA
Asimismo, exigieron que se establezca un esquema de "cero tolerancia" a la ciudadanía. En este sentido, pidieron retirar de la calle a vagos e indigentes, la aplicación estricta del Reglamento de Tránsito y no permitir el uso de vidrios polarizados en automóviles ni que los vehículos circulen sin placas. Solicitaron además la aplicación permanente del alcoholímetro y sancionar a conductores ebrios.
Como parte de las acciones, demandaron mayor participación social en programas de seguridad pública; también anunciaron que el resultado de las acciones será evaluado por un despacho de asesores contratados por el CCE.
Mejía Romero explicó que algunas acciones son de aplicación inmediata y otras tendrán que ser evaluadas por autoridades y legisladores, de ahí que se les planteó a todos por igual el documento propuestas de acciones inmediatas para combatir la inseguridad.
Especificó que la instalación de retenes en zonas conflictivas y puntos de entrada a la ciudad debería ser inmediata, pero es una decisión de la Policía, lo mismo que la llegada de agentes federales.
"Lo que se pretende es que exista la presencia policiaca, que sea un inhibidor necesario del libre tránsito de maleantes y de quienes cometen actos antisociales, y tiene que ver la aceptación de la ciudadanía, que a partir de hoy existan estos filtros, porque no podemos quejarnos de la inseguridad y por otro lado de las medidas", señaló.
Un estudio puso de manifiesto un aumento en la incidencia delictiva en ese sector de la población y reveló que tres de cada 10 delitos en esta ciudad son cometidos por menores de edad, incluso en los más graves: homicidios, secuestros y narcotráfico.