CIUDAD DE MÉXICO, 20 Dic. (Notimérica) -
El consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Alejandro Alday González, ha informado que el país azteca presentará ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la revisión del incumplimiento de una sentencia de la Corte Internacional de Justicia contra EEUU por impedirle asistir a sus ciudadanos condenados a pena de muerte.
"La presentación ante la ONU se funda en el llamado Caso Avena ante la Corte Internacional de Justicia (máxima instancia judicial de la organización mundial), que presentó en el año 2004 una sentencia en contra de EEUU para que garantizara el derecho de 51 mexicanos que enfrentaban proceso penales de pena de muerte, para que fueran garantizados sus derechos a atención consular", ha indicado Alday según ha informado la agencia 'Sputnik'.
De los 51 mexicanos que se enfrentaron a condenas con la pena capital desde entonces "30 aún desahogan recursos judiciales frente a la pena de muerte" la mayoría en los estados de California y Texas.
La denuncia o pedido de revisión "es un llamado a la consideración del tema, que se ponga de relieve la necesidad de reconocer la autoridad de la Corte Internacional de Justicia como principal órgano judicial de la ONU ante una sentencia cuyo cumplimiento no ha sido acatado, una oportunidad para que todos los Estados reconozcan la necesidad de dar cumplimiento a los fallos de esa Corte", dijo el portavoz de la Cancillería.
La Corte Internacional de Justicia dispuso en un fallo de 2004 que EEUU revisara cada uno de los 51 casos de mexicanos condenados, ya que "si existe base legal, que se revise y vuelva a considerar a fondo las razones y los veredictos", ha explicado Alday.
El caso de México contra EEUU, conocido como "Caso Avena y otros nacionales mexicanos", se zanjó con un fallo de la Corte Internacional de Justicia el 31 de marzo de 2004 en el que se estableció que "EEUU había violado obligaciones adquiridas bajo la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares", al no permitir la representación de México para asistir a sus ciudadanos en condiciones de arresto por crímenes en ese país vecino.