MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU ha pedido de manera urgente a México que anule la prisión preventiva obligatoria, al considerarla como contraria a las garantías internacionales.
"La prisión preventiva obligatoria --también llamada prisión preventiva oficiosa--, es contraria las garantías internacionales de protección de Derechos Humanos, como lo ha indicado la jurisprudencia del grupo de trabajo en múltiples ocasiones" ha indicado la presidenta del grupo de trabajo, Miriam Estrada-Castillo.
Bajo el artículo 19 de la Constitución de México, el ordenamiento jurídico del país obliga a los jueces a imponer prisión preventiva oficiosa a todas las personas que sean acusadas de determinados delitos, lo que ha llevado a múltiples violaciones de sus Derechos Humanos, como la presunción de inocencia, el debido proceso y la igualdad ante la ley, según la ONU.
"La prisión preventiva oficiosa es, igualmente, contraria a la independencia judicial y al deber de fundamentar jurídicamente los motivos de la detención", ha subrayado Estrada-Castillo, señalando el "grave riesgo" al derecho a la integridad personal que supondría este tipo de detenciones.
"Una de las más serias consecuencias de la prisión preventiva obligatoria ha sido el que muchos mexicanos pasen más de una década privados de su libertad a la espera de un juicio, sin sentencia y en condiciones de grave riesgo a sus vidas e integridad personal. Esto además contribuye al hacinamiento carcelario", ha añadido Estrada-Castillo.
La ONU ha reiterado que la prisión preventiva obligatoria pone a México "en franca violación" de sus obligaciones internacionales asumidas con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Por este motivo, ha señalado que anular este tipo de prácticas "no solo es un paso esencial para aliviar el problema", sino que también permitiría apaciguar la sobrepoblación del sistema penitenciario.
Desde 2018, el Grupo de Trabajo ha insistido a México sobre la necesidad urgente de solucionar "este problema estructural", ofreciéndole la asistencia técnica necesaria al Gobierno en repetidas ocasiones.
"Actualmente, México tiene una oportunidad histórica para anular una medida perjudicial que ha afectado gravemente los derechos fundamentales de los mexicanos por años", esgrime un comunicado difundido por Naciones Unidas.