MÉXICO DF, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -
Human Rights Watch (HRW) ha denunciado que durante el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) se produjeron al menos 149 desapariciones forzadas en México con la implicación de las fuerzas de seguridad, por lo que ha instado a su sucesor, Enrique Peña Nieto, ha esclarecer todos los casos.
En el informe 'Los Desaparecidos de México: El persistente costo de una crisis ignorada', la ONG estadounidense documenta 249 desapariciones ocurridas durante el Gobierno de Calderón, de las cuales 149 son desapariciones forzadas en las que participaron agentes estatales.
"HRW ha encontrado pruebas contundentes que indican que miembros de todas las fuerzas de seguridad, es decir, del Ejército, la Marina y de las policías federales, estatales y municipales, intervinieron de alguna forma en las desapariciones forzosas", ha dicho la organización humanitaria en un comunicado.
En algunos casos "el 'modus operandi' con que se llevaron a cabo los delitos, la magnitud de los operativos y las versiones contradictorias sugieren que podrían haber sido planificados y coordinados". En estos casos incluye las más de 20 desapariciones forzadas que habrían sido perpetradas por miembros de la Marina entre junio y julio de 2011 en los estados de Nuevo León y Tamaulipas.
En más de 60 casos, HRW ha encontrado "evidencias" de que agentes estatales "colaboraron directamente con el crimen organizado para concretar la desaparición de personas y/o para extorsionar a sus familiares". "Por ejemplo, la Policía de Pesquería (Nuevo León) detuvo arbitrariamente a 19 obreros en mayo de 2011 y desde entonces, se desconoce su paradero", ha señalado.
No obstante, la ONG estadounidense ha advertido de que las casi 250 desapariciones documentadas "no representan la totalidad de los casos". "Las estadísticas oficiales prácticamente no dejan dudas de que hay miles. En noviembre de 2012, se filtró una lista con más de 25.000 personas desaparecidas desde 2006", ha indicado.
"Si bien es posible que las desapariciones comenzaran con el Gobierno de Calderón, no concluyeron al finalizar su mandato. Miles de personas desaparecidas aún no han sido encontradas. Numerosos soldados y policías ocultan la verdad acerca de cuál fue su destino. Y los familiares de las víctimas continúan sufriendo por no saber qué ocurrió a sus seres queridos", ha apuntado.
IMPUNIDAD
HRW también ha denunciado que "es común que no se inicie una búsqueda exhaustiva de las personas desaparecidas ni se investigue a los responsables". "En muchos casos, los funcionarios sugieren que las víctimas tienen la culpa de lo sucedido e indican a los familiares que son ellos quienes tienen la responsabilidad de investigar", ha dicho.
Además, la organización humanitaria ha criticado que "las escasas medidas que adoptan los agentes del Ministerio Público con frecuencia se ven contrarrestadas por demoras, errores y omisiones".
"La falta de diligencia en las investigaciones, o la ausencia absoluta de medidas en este sentido, potencian el sufrimiento de los familiares, para quienes no saber qué les sucedió a sus seres queridos provoca un desconsuelo constante", ha lamentado.
A este respecto ha mencionado el caso de Luz María Durán Mota, cuyo hijo Israel Arenas Durán, de 17 años de edad, desapareció junto a tres compañeros de trabajo en Monterrey (Nuevo León), tras ser detenidos por policías locales en junio de 2011. "Es una tortura diaria. No saber dónde está, si lo están torturando", ha relatado.
HRW ha añadido que, además, "los familiares de personas desaparecidas pueden perder el acceso a servicios sociales básicos que recibían anteriormente a través del empleo de la víctima, lo cual les obliga a intentar recuperarlos mediante procedimientos lentos que tienen un alto coste económico y emocional".
En alusión a la impunidad, ha recordado que "la desaparición forzada constituye un delito continuo conforme al Derecho Internacional, porque persiste en el tiempo y continúa causando sufrimiento a los familiares de las víctimas mientras se desconoce o se oculta cuál fue la suerte de la persona desaparecida".
MEDIDAS "TARDÍAS"
La ONG estadounidense ha considerado que "las medidas adoptadas por el Gobierno de Calderón para afrontar este problema fueron tardías y evidentemente inadecuadas", ya que "durante gran parte de su Presidencia negó que las fuerzas de seguridad hubieran cometido violaciones de los Derechos Humanos".
"En el último año, reconoció que se habían producido abusos y se comprometió a adoptar medidas para abordarlos, pero no cumplió la mayoría de sus compromisos, como crear un registro nacional de personas desaparecidas o presentar un nuevo proyecto legislativo para reformar el Código de Justicia Militar", ha indicado.
Si bien, ha destacado las iniciativas estatales, adoptadas en su mayoría por la presión de las familias de las víctimas. "En Nuevo León han comenzado a investigar seriamente 50 casos, aunque de momento los avances han sido limitados y solamente se han encontrado los restos de unas pocas personas desaparecidas", ha mencionado.
NUEVO GOBIERNO
En este contexto, HRW ha instado a Peña Nieto a "dar los pasos necesarios para abordar el problema y asegurar que sus responsables son llevados ante la justicia, a pesar de que ya ha anunciado medidas importantes para asistir a las víctimas".
"El presidente Peña Nieto ha heredado una de las peores crisis en materia de desapariciones que se hayan producido en América Latina a lo largo de la historia", ha subrayado el director general de HRW para América, José Miguel Vivanco, que se encuentra de visita oficial en México.
En concreto, ha instado al Gobierno a cumplir las promesas de la administración Calderón "creando bases de datos nacionales exhaustivas y precisas sobre personas desaparecidas y restos humanos no identificados" y reformando el Código de Justicia Militar "para garantizar que todas las presuntas violaciones de Derechos Humanos, incluidas las desapariciones forzadas, cometidas por militares contra civiles sean investigadas y juzgadas en la jurisdicción ordinaria".
Además, ha aconsejado "revisar la definición de desaparición forzada en la legislación federal y en la de los estados para asegurar que sea coherente en todo México y acorde con las normas internacionales de Derechos Humanos".
También ha considerado necesario "dictar un decreto para que todas las personas detenidas sean llevadas inmediatamente ante el Ministerio Público, de modo que en ningún caso sean trasladadas a establecimientos militares, dependencias policiales o centros de detención clandestinos".