Publicado 08/07/2020 06:09

México.- Identifican los restos de uno de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014

Marcha de protesta para recordar el quinto aniversario de la desaparición forzosa de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en septiembre de 2014, en la que podrían estar involucrados agentes y funcionarios del Estados mexicano.
Marcha de protesta para recordar el quinto aniversario de la desaparición forzosa de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en septiembre de 2014, en la que podrían estar involucrados agentes y funcionarios del Estados mexicano. - Quetzalli Blanco/NOTIMEX/dpa - Archivo

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía General de México ha anunciado este martes que ha identificado restos óseos de uno de los estudiantes de Ayotzinapa, desaparecido en 2014 junto a otras 42 personas a manos de agentes de la Policía del municipio de Iguala.

Los restos óseos, localizados en noviembre de 2019 en el municipio de Cocula, en el estado de Guerrero, corresponden a Christian Alfonso Rodríguez.

Se trata del tercer estudiante identificado hasta la fecha, después de Alexander Mora Venancio y Jhosivani Guerrero de la Cruz, cuyos huesos fueron encontrados en una bolsa de plástico en el río San Juan, en la misma región.

El análisis ha sido llevado a cabo por la Universidad de Medicina de Innsbruck, en Austria, el cual recibirá otro envío de restos óseos, tras un peritaje previo de la Fiscalía y el Equipo Argentino de Antropología Forense, que colabora en el operativo.

Así lo ha confirmado el responsable de la Unidad de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa de la Fiscalía General, Omar Gómez Trejo, quien ha informado a través de vídeoconferencia de que se han realizado más de una veintena de acciones de búsqueda desde que se creó la unidad que dirige.

"Hemos roto el pacto de impunidad y de silencio que rodeaba el caso Ayotzinapa", ha dicho Trejo, quien ha acusado a las anteriores autoridades de la Fiscalía de "manipular" la información que contaban a la opinión pública y a las familias de las víctimas para dar el caso por cerrado.

Trejo hace referencia a la "verdad histórica" que esgrimió en su día el fiscal general Jesús Murillo Karam, quien ocupó el cargo en 2015 y aseguró que los estudiantes "fueron privados de la vida, incinerados y sus cenizas arrojadas al Río San Juan", en el municipio de Cocula.

"Con esas acciones negaban a las familias el derecho a la verdad y a la justicia, les decían 'dejen de buscar por que ya encontramos'. Hoy les decimos, '¡Esto no es así y nunca fue así!'", ha enfatizado, según ha recogido 'Milenio'.

Hace una semana, la Fiscalía de México solicitó la detención de 46 funcionarios de varios municipios del estado de Guerrero por su supuesta implicación en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en septiembre de 2014.

"Es necesario dejar muy claro que estos delitos no habían sido investigados ni judicializados en las diligencias que en su momento hizo la Fiscalía General de la República", ha especificado el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, que ha señalado que todos ellos habrían incurrido en delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada.

Dichas órdenes se suman a las ya obtenidas el pasado 10 de marzo contra varios funcionarios y altos cargos, entre ellos el exjefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) Tomás Zerón, contra el que pesa, además, una alerta roja emitida por la Policía Internacional (Interpol), según explicó la Fiscalía en un comunicado.

EL CASO AYOTZINAPA

Los 43 estudiantes de magisterio de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en el vecino municipio de Iguala a su regreso de una protesta contra las autoridades locales.

La versión oficial es que fueron sorprendidos por la organización criminal 'Los Rojos', como parte de un ajuste de cuentas entre grupos rivales, y que los sicarios los mataron e incineraron y se deshicieron de sus restos en el basurero de Cocula.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y forenses argentinos que participaron en las pesquisas han desmontado esta teoría y han apuntado que el suceso podría estar relacionado con el tráfico de drogas en la región. Las autoridades no han investigado esta vía.

El anterior Gobierno de Enrique Peña Nieto dio por cerrada la investigación pero su sucesor, Andrés Manuel López Obrador, ha ordenado reabrirla hasta conocer la verdad de lo ocurrido.