MÉXICO DF, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -
Las autoridades mexicanas han puesto en libertad a 56 de las 69 personas que todavía estaban detenidas por los disturbios que se desataron el pasado 1 de diciembre en el marco de las numerosas manifestaciones que se celebraron contra la investidura presidencial de Enrique Peña Nieto.
En total, 106 personas fueron detenidas a causa de los disturbios en México DF, de las cuales 28 fueron liberadas --12 "bajo reserva de ley", incluido el único herido grave, que perdió un ojo y sufrió múltiples fracturas-- y 69 pasaron a disposición judicial la semana pasada.
De estas 69, la jueza de instrucción número 47, María del Carmen Mora Brito, ha ordenado liberar a 56 --46 hombres y diez mujeres--, al no encontrar suficientes elementos objetivos para su imputación en este proceso judicial, de acuerdo con el diario mexicano 'Milenio'.
"Aunque en su momento los juzgadores calificaron de legales las detenciones, al analizar los videos, las testimoniales y las periciales, la jueza ha considerado que las pruebas señalan a la presunción de responsabilidad de estas personas", ha explicado el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) en un comunicado.
Los 13 restantes --12 hombres y una mujer--, permanecerán detenidos en el Reclusorio Norte y en el Cereso de Santa Marta Acatitla, respectivamente, ya que la jueza ha dictado un auto formal de prisión en su contra por un delito de ataque a la paz pública en pandilla, por el que podrían ser condenados a entre cinco y 30 años de cárcel.
No obstante, el TSJDF ha advertido de que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) todavía puede aportar nuevas pruebas para acreditar la presunta responsabilidad de las personas liberadas en los disturbios del 1 de diciembre.
"TRIUNFO DE LA JUSTICIA"
El director de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, ha considerado que la liberación de 56 de las 69 personas que aún seguían detenidas "es un triunfo de la justicia".
"Creo que la puesta en libertad de estas 56 personas es una muy buena señal, me gusta. Desde luego nosotros hemos hecho nuestro trabajo", ha dicho Placencia, en una entrevista concedida este domingo al Grupo Milenio.
Placencia ha considerado que la decisión de Mora Brito se debe a la publicación de numerosos vídeos en las redes sociales Twitter y Facebook y a la presión ejercida por las organizaciones humanitarias con la recogida de firmas.
Además, ha hecho un llamamiento a "dejar de criminalizar a los jóvenes por su apariencia física o por la música que escuchan, porque todo ello genera una serie de prejuicios y estereotipos que desembocan en agresiones contra ellos".
También ha adelantado que la CDHDF "analizará con detalle lo que pasa con los demás detenidos". "Hay 13 que siguen sujetos a un proceso judicial y, por supuesto, vamos a estudiar sus casos para evitar injusticias", ha indicado.
ABUSO DE LA FUERZA
El pasado viernes, la CDHDF presentó un informe preliminar en el que denunció que los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de México DF habrían torturado a cuatro de los manifestantes, en tres de los casos utilizando aparatos, y habrían realizado 22 detenciones arbitrarias.
Por su parte, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limedh) ha presentado ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia penal contra los policías federales que dispararon balas de goma contra los manifestantes.
El presidente de la Limedh, Adrián Ramírez, ha subrayado que el Gobierno sabe que las balas de goma pueden llegar a ser mortales, al tiempo que ha recordado la muerte de dos personas a causa del uso de este material durante los disturbios de mayo de 2006 en San Salvador Atenco.
Amnistía Internacional (AI) ha urgido a las autoridades mexicanas a "investigar de forma imparcial y exhaustiva las denuncias y evidencias del uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, periodistas y transeúntes durante los disturbios" y a "dar a conocer los resultados".
"Las autoridades tienen la obligación de controlar el orden público y tomar medidas para prevenir, investigar y sancionar a los responsables de los actos de violencia, pero estas medidas tienen que ser proporcionadas y apegadas a los Derechos Humanos", ha dicho en un comunicado.