MÉXICO DF, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -
El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, ha aclarado que está analizando la documentación presentada ayer por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México contra 21 ex funcionarios por las supuestas irregularidades cometidas en el caso de la ciudadana francesa Florence Cassez para determinar si tiene carácter de denuncia penal.
"La estamos analizando, por lo que todavía no está en forma de denuncia. Estoy llegando al final para determinar si tiene carácter de denuncia. Soy muy cuidadoso con este tipo de términos, no quiero mentir", ha dicho, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Notimex.
Ayer, la CNDH anunció que el pasado viernes presentó ante la PGR una denuncia penal contra 21 ex funcionarios para promover una investigación judicial sobre los presuntos delitos y faltas administrativas cometidos durante y después de la detención de la ciudadana francesa, el 9 de diciembre de 2005.
La CNDH ha acusado al ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna y a 20 empleados de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) de delitos contra la administración de justicia, ejercicio indebido del servicio público y abuso de autoridad, por los que podrían ser condenados a entre cuatro y doce años de cárcel.
El titular de la CNDH, Raúl Plascencia, ya adelantó días antes a través de un comunicado que denunciaría a los ex funcionarios que autorizaron, toleraron o participaron en el montaje televisivo de la detención de Cassez, y posteriormente, se negaron a proporcionar información del caso".
"Derivada de las acciones y omisiones de algunos ex servidores públicos, se vulneraron los derechos a la seguridad jurídica y acceso a la justicia de las víctimas del delito, privadas ilegalmente de su libertad", explicó.
En concreto, señaló que los ex funcionarios "no otorgaron la protección adecuada a las víctimas del delito e hicieron, con esta conducta, nugatorio sus derechos a la seguridad jurídica y al acceso a la justicia".
Entre "las principales irregularidades" apuntó a "la omisión del deber de cuidado; la inobservancia del principio de debida diligencia; y la negligencia de los servidores públicos que intervinieron y supervisaron, lo cual derivó en una violación al debido proceso".
Plasencia indicó que, como consecuencia de "tales anomalías" la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó el pasado 23 de enero pasado la liberación inmediata de Cassez, "no por ser inocente del delito, sino por las violaciones al debido proceso".
En su opinión, ello supuso un "doble agravio para las víctimas y para la sociedad mexicana, ya que hubo un actuar indebido por parte de los servidores públicos que llevó a la puesta en libertad de la señora Cassez".
"La impunidad es el peor mensaje que se puede enviar a la sociedad mexicana, porque genera decepción, frustración e incertidumbre, e impide que quienes han cometido un delito sean castigados con todo rigor por la justicia mexicana", recordó.
CASO CASSEZ
El pasado 23 de enero, tres de los cinco magistrados de la CSJN ordenaron que Cassez fuera liberada inmediatamente por las violaciones de sus derechos constitucionales y las irregularidades presentes durante todo el proceso judicial.
El alto tribunal tuvo que reformular el caso a raíz del fallo que emitió el pasado 21 de marzo, en el que dos magistrados se pronunciaron a favor de la excarcelación de Cassez --alegando "irregularidades"-- y cuatro reconocieron que se han violado algunos de sus derechos procesales.
Cassez, de 37 años, fue detenida en diciembre de 2005 en un operativo realizado en el Rancho Las Chinitas, en la carretera México-Cuernavaca, donde supuestamente tenía secuestradas a tres personas, en complicidad con la banda criminal 'Los Zodiacos', liderada por Israel Vallarte.
La francesa llegó a México en 2003 para visitar a un hermano. Un año después, comenzó su relación con Vallarte, quien le aseguró ser vendedor de coches. En diciembre de 2005, ambos fueron arrestados y vinculados a 'Los Zodiacos', a los que se les atribuye una decena de secuestros y otros delitos.
El 27 de abril de 2008, Cassez fue condenada a 96 años de prisión por los delitos de secuestro, asociación de malhechores y posesión de armas de fuego, un año después la pena fue reducida a 60 años. Su ex pareja mantiene que la ciudadana francesa es inocente de todos los cargos que se le imputan.