CIUDAD DE MÉXICO, 21 Dic. (Reuters/EP) -
La polémica ley impulsada por el Gobierno de México para crear la Guardia Nacional, una policía militar que se encargará de la seguridad pública y reemplazará al Ejército y la Marina en la lucha contra el crimen organizado, ha avanzado este jueves en la Cámara de Diputados, cuyo pleno podría aprobarla en los próximos días.
El proyecto de reforma de la Constitución, apoyado por el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, pero criticado por organismos de Derechos Humanos, ha sido aprobado por la comisión de Puntos Constitucionales gracias a la mayoría de votos del partido del presidente, Morena, y sus aliados.
"Hacer constitucional la presencia del Ejército en las calles es peligroso", ha manifesatdo la diputada Martha Tagle, del opositor partido Movimiento Ciudadano. "El índice de letalidad, desde el uso de las Fuerzas Armadas para combatir grupos criminales en el país, ha aumentado", ha subrayado.
La creación de la Guardia Nacional ha despertado críticas de organizaciones de Derechos Humanos y la ONU. Voces críticas aseguran que insistir en la militarización del país no resolverá el problema y agudizará las violaciones a los derechos humanos.
"La ONU reitera (...) su especial preocupación por la pretensión de crear una Guardia Nacional", ha aseverado Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en una carta enviada al presidente del Congreso previo al inicio del debate de la comisión.
"De aprobarse se consolidaría el paradigma militar en materia de seguridad que ha contribuido al deterioro de la situación de Derechos Humanos", ha añadido.
Poco antes de asumir la presidencia, López Obrador dijo que sometería a consulta popular en marzo la creación de la Guardia Nacional, que estaría conformada en una primera etapa por unos 60.000 miembros de la Policía Militar, Policía Naval y Policía Federal. Más adelante serían convocados miembros del Ejército y la Marina para sumarse.
Ahora, la iniciativa tiene que ser votada en el pleno de la Cámara de Diputados, después enviada al Senado y, en caso de ser aprobada sin cambios, tendría que ser aprobada por los congresos de 17 estados del país para que pueda entrar en vigor.