CIUDAD DE MÉXICO, 26 Abr. (International SOS) -
El mandato de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente del país desde el año 2018, ha estado influido por la manera de gestionar el crimen violento, una de las principales amenazas para la seguridad en México. Las detenciones en los últimos meses de Ovidio Guzmán, del Cartel de Sinaloa, y Antonio Oseguera, del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), apuntan hacia una estrategia dirigida a capturar objetivos de perfil alto, en particular los relacionados con el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas.
Esto sucede dentro del contexto de las relaciones entre el país y Estados Unidos, que han vivido algunos episodios tensos por diferencias en materia inmigración, seguridad y energía. Dos países, por cierto, que tendrán elecciones presidenciales en 2024.
El planteamiento de ir contra figuras de alto perfil dentro de las organizaciones ilegales, en el marco de la conocida como "estrategia del capo", conlleva riesgos asociados y un efecto en los ciclos de violencia. A corto plazo, es probable que las detenciones puedan desencadenar una ola de represalias violentas por parte de las organizaciones criminales, cuya magnitud dependerá de la jerarquía de los individuos detenidos.
Como ejemplo, los actos sucedidos después del arresto de Ovidio Guzmán, el 5 de enero, cuando se desataron violentos disturbios en la ciudad de Culiacán y otras partes del estado de Sinaloa. Situaciones análogas se han visto en otras operaciones de seguridad contra destacados dirigentes de las organizaciones delictivas, como el CJNG, que también ha opuesto una resistencia violenta a la captura de sus dirigentes.
Distintos tipos de delitos, mismos responsables
Aunque la competencia por el control del mercado de la droga sigue siendo uno de los principales motivos de la violencia, la delincuencia organizada avanza en otras direcciones, como la extorsión, el secuestro, el robo de combustible y la extracción de recursos naturales. El resultado de esta tensión suele afectar principalmente a la población local, en concreto a quienes participen en estas actividades; mientras, el impacto sobre los extranjeros y aquellos en viaje es menor, aumentando su exposición al riesgo si se encuentran en el lugar donde se produce un enfrentamiento.
De entre las categorías de crímenes, crecen los relacionados con el robo de vehículos y de combustible, en un marco en el que cohabitan distintas causas: desigualdad económica, deficiente política de seguridad, tráfico ilegal de armas y drogas, desintegración familiar y corrupción en distintos estamentos. Este es el caldo de cultivo en el que las bandas ilegales van avanzando, empleando en el camino todos los medios y recursos humanos disponibles, vinculándose de manera voluntaria o no.
El robo de coches, los secuestros y las intimidaciones con violencia contra las empresas privadas que operan en el país son motivo de preocupación. En el "Triángulo del Huachicol" de Puebla, además de la violencia relacionada con el robo de combustible, se han producido robos de vehículos a mano armada y atracos contra el transporte de mercancías en la carretera federal 150.
Las disputas territoriales entre facciones de la delincuencia organizada y el narcotráfico se han intensificado. La disputa por el control territorial que enfrenta a facciones del CJNG y del Cartel de Sinaloa han convertido a Sonora en el quinto estado más violento del país. Los enfrentamientos se ven alimentados por la ubicación estratégica del estado para el tráfico de drogas a través de la frontera con Estados Unidos. Además, la riqueza que producen las minas de Sonora la convierten en objetivo de los grupos del crimen organizado, que han robado y extorsionado a las empresas mineras que operan en lugares remotos del estado. Es previsible que la violencia se mantenga en los puntos conflictivos de estos estados a corto y medio plazo.
El robo de combustible, una amenaza latente
El robo de combustible supone uno de los principales riesgos en el país. El resultado de este delito tiene efecto en distintos ámbitos: la seguridad, la recaudación de impuestos, el daño a infraestructuras o por su daño medioambiental. Esta actividad delictiva representa una de las principales fuentes de ingresos para las bandas ilegales, suponiendo un ingreso rápido y fácil de liquidar. Una de las grandes perjudicadas, la empresa petrolera estatal, Pemex, adoptó medidas que incluyen la implementación de sistemas para medir en tiempo real la disminución de presión en sus conductos y el despliegue de medidas disuasorias en el perímetro de sus instalaciones, apoyado por las fuerzas de seguridad.
El otro lado de la moneda son los casos de empleados corruptos que han facilitado la estafa. Según datos publicados a finales de 2022, la empresa declaró pérdidas durante los tres primeros trimestres del año equivalentes a un aumento de 196.6% en comparación con el mismo periodo del 2021.
Mejoras en el entorno de seguridad
Las operaciones de seguridad para proteger infraestructuras clave y proyectos esenciales se intensificarán a medida que se acerquen los plazos para su finalización y las elecciones presidenciales de 2024. El despliegue de miembros de la Guardia Nacional (GN) para proteger el metro de Ciudad de México tras las acusaciones de sabotaje de enero ejemplifica esta tendencia.
Cabe esperar un mayor despliegue de las fuerzas de seguridad en otras zonas, especialmente a lo largo de la ruta del Tren Maya en el sureste de México, así como en torno a ambiciosos proyectos mineros y energéticos en el norte. La expansión del proyecto ferroviario, que cuenta con el apoyo de las fuerzas armadas, se enfrentará a algunas protestas de miembros de las comunidades rurales de las respectivas zonas. En el norte, puede estallar la violencia cerca de los proyectos mineros y energéticos, ya que las fuerzas de seguridad intentan desmantelar los grupos delictivos, además de hacer frente a otros actores sociales de la zona.
Tabasco, la mayor parte de Jalisco y algunas zonas de Guanajuato han registrado mejoras significativas en materia de seguridad. La violencia de los carteles en Tabasco, otrora asediada por la organización de Los Zetas, fuertemente armada, ha disminuido considerablemente en los últimos años. En Jalisco, la violencia de las bandas se limita sobre todo a los municipios cercanos a Colima y Michoacán, al sur, o a Zacatecas, al norte.
Este tipo de violencia sólo afecta esporádicamente a la capital del estado, Guadalajara, a la vecina Zapopan y a Puerto Vallarta. La violencia en Guanajuato afecta principalmente en las ciudades industriales del centro-sur del estado y sus alrededores. Guanajuato capital y San Miguel de Allende se han librado en su mayor parte de la violencia, ya que la delincuencia menor y callejera es la amenaza más frecuente para aquellos en viaje y para la fuerza laboral.
Aunque Tamaulipas sigue siendo un foco de violencia, el ambiente en la zona metropolitana de Tampico ha mejorado notablemente en los últimos años.
El estado de Yucatán ha registrado sistemáticamente índices bajos de delitos menores en comparación con el resto del país. Las protestas son aisladas y rara vez provocan disturbios, mientras que la delincuencia violenta es inusual y es poco probable que impacte significativamente a la población extranjera a medio o largo plazo.