MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo de México (SCJN) ha invalidado este lunes las reformas a la ley de radiodifusión aprobadas en el Congreso en 2017 durante el periodo del expresidente Enrique Peña Nieto después de considerar la existencia de "violaciones graves" al procedimiento legislativo desarrollado ante la propia Cámara que habrían impactado en la calidad democrática de la decisión.
"La SCJN ha considerado que no se respetó el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, en condiciones de libertad e igualdad, al haberse incumplido reglas mínimas, tanto en las comisiones como en el pleno del órgano legislativo, que permitieran a las mayorías y minorías legislativas expresar y defender su opinión en un contexto de deliberación pública", ha expresado el organismo en un comunicado.
La ley fue impugnada por una minoría parlamentaria del Senado que denunciaron que existieron "omisiones claras al proceso legislativo", como no haber incluido a todas las comisiones que debían de formar parte de la discusión y elaboración de la propuesta, según ha recogido 'El Financiero'.
"A pesar de estar convocadas tres comisiones distintas para elaborar el dictamen, y con el mismo llevarlo a la sesión plenaria, este no se generó de manera conjunta pues solo fue una de las tres comisiones la que lo presentó", ha destacado en declaraciones al citado medio el ministro del Tribunal Supremo mexicano, Alberto Pérez Dayán.
De igual forma, ha sostenido que "las violaciones al proceso legislativo, si bien aisladas pueden no serlo, en suma demuestran la falta de calidad democrática".
Con todo, el presidente del Consejo Directivo la Cámara de Radio y Televisión, José Antonio García Herrera, ha aplaudido la decisión del supremo mexicano, pues habría servido para proteger la libertad de expresión de la radio y la televisión mexicana.
"Reconocemos la labor del Tribunal Supremo al refrendar su compromiso en defensa de la libertad de expresión, ahora respetemos sus tiempos y dé a conocer la resolución final", ha expresado García en declaraciones recogidas por 'El Universal'.
La ley, aprobada en 2017, generó una gran polémica en el país ya que estableció la obligación de que los medios diferenciaran los contenidos informativos de los de opinión.