MÉXICO DF, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -
Los trabajadores de empresa estatal eléctrica Luz y Fuerza Centro (LyFC) rechazaron este lunes aceptar la indemnización anunciada por el presidente, Felipe Calderón, al considerar ilegal el decreto promulgado por el Gobierno mexicano para cerrar la empresa y, en este sentido, adelantaron que recurrirán a todas las instancias judiciales necesarias la decisión del Gobierno de cerrar la empresa deficitaria.
El Gobierno de Calderón, que firmó el decreto para cerrar LyFC el sábado pasado, anunció una compensación de hasta 20.000 millones de pesos para cada trabajador despedido (unos 1.538 millones de dólares o 1.040 millones de euros).
El cierre de la empresa eléctrica, que abastece de energía a la capital y otras zonas del centro del país, dejaría sin empleo a unas 40.000 personas.
El secretario del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Fernando Amezcua, aseguró que los trabajadores del sector se reunirán este lunes en la sede del SME y adelantó que recurrirán ante todas las instancias judiciales necesarias para responder a la decisión del Gobierno.
Amezcua precisó en rueda de prensa que una comisión del sindicato visitará la Cámara de Diputados del país con el objetivo de lograr la anulación del decreto presidencial por el que se ordena el cierre de la empresa, informa la cadena Telesur.
Asimismo, informó de que 76 de los 400 centros de trabajo de la empresa se encuentran tomados por la Policía mexicana desde que se decretó su cierre, así como otros cinco plantas y centros de distribución.
El Gobierno mexicano advirtió sin embargo este domingo que el cierre de la empresa no tenía "marcha atrás" después de la reunión que mantuvieron el secretario de Gobiernación mexicano, Fernando Gómez Mont, y representantes sindicalistas de LyFC.
"Acepto el compromiso por parte de los miembros del SME para dirimir diferencias y encontrar las coincidencias en el marco de las instituciones", aseguró no obstante Gómez Mont en un comunicado emitido después del encuentro.
Por su parte, el presidente del Partido en la oposición de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Ortega, trasladó su apoyo al sindicato mexicano de la electricidad y anunció que solicitará al Congreso la instalación de una mesa de negociación entre el Gobierno, la empresa eléctrica y el sindicato para que las operaciones de la firma vuelvan a la normalidad.
El Gobierno mexicano justifica el cierre de la empresa porque los costes de la empresa duplicaron sus ingresos entre los años 2003 y 2008 y ha anunciado que se indenmizará a cada trabajador despedido
con hasta 20.000 millones de pesos.
Asimismo, el Gobierno mexicano beneficiará con 33 meses de sueldo de prometido a los trabajadores de la empresa que se acojan de forma inmediata al despido y les dará la posibilidad de ser contratados por la Comisión Federal de la Electricidad, la primera firma pública del sector y nueva administradora de LyFC.