MÉXICO DF, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de México ha negado al candidato del Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, el derecho a presentarse como coadyuvante en el juicio de inconformidad con el que intenta promover la anulación de los comicios presidenciales del 1 de julio.
Los siete magistrados de la Sala Superior del TEPJF han coincidido en que la solicitud cursada por López Obrador para participar como coadyuvante es improcedente porque la presentó el 8 de agosto y el plazo para hacerlo expiró el 12 de julio.
"Al no haber comparecido en los tiempos que establece la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, el candidato ha perdido su derecho a comparecer en carácter de coadyuvante", ha dicho el magistrado Pedro Esteban Penagos.
Si bien, ha aclarado que ello no significa que López Obrador haya quedado en estado de indefensión, ya que el Movimiento Progresista, promotor del juicio de inconformidad, se encargará de defender sus derechos. "De esta manera se salvaguardan el derecho a la defensa y los principios del proceso legal", ha aseverado.
El presidente de la Sala Superior, José Alejandro Luna, ha defendido la exposición de Penagos. "Es una verdad de Perogrullo", ha sostenido, en alusión al incumplimiento de los plazos, según informa el diario 'Milenio'.
El Movimiento Progresista presentó un juicio de inconformidad para anular los comicios presidenciales denunciando que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), ganador de los mismos, ha cometido fraude electoral.
En concreto, ha acusado al PRI de comprar cinco millones de votos regalando bonos de supermercado, tarjetas telefónicas y material de construcción a los votantes; de utilizar recursos de procedencia ilícita --públicos o del crimen organizado-- en la campaña electoral, y de sobrepasar los límites legales de gasto.
Por su parte, el PRI ha acusado al Movimiento Democrático de utilizar recursos ilícitos para financiar la campaña electoral de López Obrador, en este caso dinero público; de sobrepasar los límites legales de gasto; y de ocultar a las autoridades el origen y el destino de los fondos.