MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Teodoro Ribera, ha asegurado este viernes que "ninguno de los informes de organismos internacionales plantea que haya habido violaciones graves y sistemáticas" después de la publicación del informe de la ONU que ha denunciado un "elevado número de violaciones de Derechos Humanos" durante las protestas que tienen lugar en el país desde octubre.
En concreto, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha concluido que los Carabineros habrían respondido con una fuerza desmedida en las protestas, con casos incluso de muerte. "Puede, dependiendo de las circunstancias, constituir una ejecución extrajudicial", reza el informe.
No obstante, Ribera ha afirmado que tienen que "revisar los informes, ver las conclusiones, cómo mejorar procedimientos internos", según ha recogido el diario local 'La Tercera'.
"Es un tema que no sólo tiene interés en el Gobierno, sino también en Carabineros de Chile, que es una institución fundamental para el resguardo del orden público", ha defendido, al tiempo que ha afirmado que "la actualización y modernización de los informes es conveniente para Chile desde todo punto de vista".
Además, el ministro ha hecho hincapié en que fue el Gobierno del país el que invitó al Alto Comisionado de Naciones Unidas a visitar el país para realizar el informe en cuestión.
"Esto demuestra la disposición y voluntad del Gobierno de ser absolutamente transparente en la materia. Los informes contienen una diversidad de temas, reconocimiento de la violencia que tuvo lugar los días anteriores, también tienen conclusiones y, por último, recomendaciones", ha dicho.
Por su parte, el Gobierno chileno ha agradecido las "orientaciones y recomendaciones" planteadas por la ONU, pero se ha defendido de algunas de las principales críticas, negando que se pueda hablar de posibles ejecuciones extrajudiciales durante las protestas e instando a la oficina de Michelle Bachelet a "validar" todas sus fuentes.
"No corresponde utilizar esta figura en un país donde funciona plenamente el Estado de Derecho, pretendiendo involucrar a dos agentes del Estado imputados como autores del delito de homicidio y cuya investigación está en manos del Ministerio Público", ha argumentado el Gobierno en su respuesta. "Sólo se establecerá su veracidad en la sentencia judicial correspondiente", ha añadido.
EL INFORME DE LA ONU
La misión de la ONU ha analizado al detalle once de las 26 muertes investigadas por la Fiscalía chilena. Cuatro de estos casos constituyeron "privación arbitraria de la vida y otras muertes ilícitas que involucran a agentes del Estado" y, en dos de ellos, se habría utilizado fuerza letal sin justificación, según la oficina de Bachelet.
El Gobierno de Sebastián Piñera ha esgrimido que, conforme a estas conclusiones, "los demás casos corresponden a fallecimientos atribuibles a otras causas, la mayoría de los cuales ocurrieron en el contexto de saqueos e incendios y no tienen relación alguna con las manifestaciones pacíficas", en un aparente intento por aclarar que no se trata de prácticas abusivas generalizadas.
En materia de lesiones oculares, que alcanza niveles "alarmantemente altos" en opinión del Alto Comisionado --la cifra de heridos ronda los 350--, el Ejecutivo chileno ha asegurado que el informe no tiene en cuenta las cifras entregadas por el Ministerio de Salud y en las que se habla de 239 pacientes atendidos, de los cuales 16 han sufrido la pérdida total de la visión de un ojo y dos se han quedado completamente ciegos.
DETENCIONES
De las "extensas" denuncias recabadas, los expertos de la ONU han detectado caso de torturas, malos tratos, violación y otras formas de violencia sexual a manos de los Carabineros o los militares. En concreto, tiene constancia de 113 casos específicos de tortura y malos tratos y 24 de violencia sexual contra mujeres, hombres y adolescentes.
Además, más de 28.000 personas fueron detenidas entre el 18 de octubre y el 6 de diciembre --la mayoría de ellas ya en libertad--, según el Alto Comisionado, que ha denunciado también posibles detenciones arbitrarias, un extremo matizado en su respuesta por las autoridades del país sudamericano.
En este sentido, el Gobierno ha querido "clarificar" que más del 95 por ciento de las detenciones "han sido declaradas legales por los tribunales de justicia" y que tres de cada cuatro arrestos corresponden a personas que ya habían estado en alguna otra ocasión bajo custodia de las fuerzas de seguridad, a pesar de que en el informe se destaca que muchos de los detenidos son "jóvenes sin antecedentes penales".
El Ejecutivo ha recriminado que, "en algunos casos", el informe dé por sentado que ha habido abusos "antes de que concluyan las investigaciones" y ha subrayado "la importancia de validar las fuentes de información", ya que "se han corroborado un gran número de noticias falsas profusamente divulgadas pese a ser descartadas por el Ministerio Público o los tribunales de justicia".
MEDIDAS "CORRECTIVAS"
En este sentido, el Ejecutivo ha apuntado que ya ha adoptado tanto medidas preventivas como "correctivas" tras las últimas protestas, entre ellas la restricción de medios para las fuerzas antidisturbios, que ahora por ejemplo tienen vetado el uso de perdigones para dispersar a multitudes.
También ha apuntado que Chile vivió a mediados de octubre "una situación imprevista e inédita de violencia" que trasciende a las "manifestaciones pacíficas" y que justificaron, en opinión del Gobierno, la aplicación del estado de excepción. Durante estas protestas, ha añadido, se registraron "más de 2.500 eventos graves".