Publicado 06/07/2021 13:47CET

El ministro de Justicia colombiano, sobre el desenlace del Paro Nacional: "No veo venir una reforma constitucional"

El ministro de Justicia y del Derecho de Colombia, Wilson Ruiz Orejuela.
El ministro de Justicia y del Derecho de Colombia, Wilson Ruiz Orejuela. - EUROPA PRESS

Asegura que los acuerdos de paz se siguen a rajatabla a pesar de las acusaciones de antiguos dirigentes de las FARC

Reafirma que Duque es un "garante de los Derechos Humanos" y describe Colombia como uno de los países más democráticos del mundo

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Justicia colombiano, Wilson Ruiz Orejuela, ha defendido este martes la actuación policial durante las protestas que han tenido lugar en el país desde el pasado mes de abril contra el Gobierno del presidente, Iván Duque, y ha descartado cualquier paralelismo con Chile, especialmente ante la posibilidad de que se produzca una reforma constitucional.

En una entrevista concedida a Europa Press, el ministro ha dicho que "no ve venir un cambio constitucional" en Colombia a pesar del llamado Paro Nacional, que comenzó a finales de abril en forma de un nuevo estallido social en la región después de que el Gobierno anunciara su proyecto de reforma tributaria.

"Yo no veo un cambio constitucional a corto plazo. Nuestra Constitución acaba de cumplir 30 años", ha manifestado antes de insistir en que la Carta Magna se hizo "pensando en la gente más vulnerable".

"Es una Constitución muy reciente y no se avecinan cambios en este sentido aunque se le han hecho más de 40 modificaciones a lo largo de los años", ha explicado. Las protestas violentas en Colombia se han convertido en uno de los principales escollos del Gobierno de Duque durante los últimos meses, si bien los bloqueos de vías y carreteras han cesado.

No obstante, y a la espera de lograr un acuerdo con el Comité del Paro, Ruiz ha recordado que el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), duramente criticado por presuntas violaciones de los Derechos Humanos durante las protestas, "solamente actúa en momentos de crisis".

"El ESMAD es un cuerpo que pertenece a la Policía Nacional y que interviene cuando las marchas se salen de las manos por los actos de violencia", ha matizado el ministro, que se encuentra de visita en Madrid, donde participa en las jornadas de la Asociación Mundial de Juristas, antesala del Congreso Mundial de Derecho que se celebrará en diciembre en Colombia. Así, ha hecho hincapié en que después de casi tres meses de marchas, la mayoría de colombianos quieren seguir adelante, reactivar la economía".

"Ahí es donde tiene que estar el ESMAD para controlar los desmanes y actos de violencia", ha aclarado, aunque ha indicado que ya se han anunciado una serie de cambios para tratar de "modernizar" la Policía en lo que considera uno de los países más democráticos del mundo.

En este sentido, ha recordado que los bloqueos están tipificados como delitos en el Código Penal colombiano, lo que supone penas de entre 24 y 48 meses de prisión para todos aquellos que obstaculicen vías públicas o las bloqueen. "En las marchas se han ido infiltrando grupos al margen de la ley, como delincuentes de alto impacto, narcotraficantes, guerrilla...", ha advertido.

Es por ello, tal y como ha puntualizado, que el Gobierno prepara un proyecto de ley "antivandalismo", con la que espera garantizar que "las marchas sean pacíficas". "Esto del Paro ha sido una excusa para que algunos grupos se mezclen y cometan irregularidades", ha añadido.

Según datos del Gobierno, desde abril se han registrado unas 7.500 manifestaciones en todo el país, cerca de 2.500 marchas y unos 3.500 bloqueos. Esto ha dejado 24 civiles muertos y 1.147 heridos, además de tres agentes muertos y 1.400 heridos. Sin embargo, varias organizaciones de defensa de los Derechos Humanos sitúan en al menos 75 los fallecidos en el marco de las marchas, en las que más de 1.300 personas habrían sido detenidas.

"Al contrario de lo que han publicado los medios de comunicación internacionales, se han abierto 220 investigaciones disciplinarias contra policías por homicidio, lesiones personales, abuso de autoridad, agresiones físicas y acoso sexual, entre otros delitos", ha aseverado.

Asimismo, ha subrayado que no hay impunidad: "El presidente siempre ha dicho que si un particular comete alguna irregularidad se investigará por parte de la Fiscalía y si es un miembro de la fuerza pública también",.

"En Colombia se está respetando la democracia, la Constitución", ha matizado el ministro, que ha admitido que hay "una especie de inconformismo entre los jóvenes que ya está siendo abordada por el Gobierno".

CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE PAZ

Sobre la protección del Sistema Integral de Paz, en el que está integrado la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Ruiz ha reafirmado que Colombia "es un país donde se garantiza esa protección". "El presidente es un hombre demasiado democrático, se respeta el estado social de derecho en todo su esplendor y desde luego se reconocen los Derechos Humanos", ha destacado a pesar de que la propia JEP ha dicho temer por su propio mandato ante el "trato dado a las protestas" por parte del Gobierno.

Aunque varios dirigentes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han acusado al Ejecutivo de incumplir los acuerdos de paz firmados en 2016, Ruiz ha hecho hincapié en que "están equivocados". "El presidente desde que se posesionó en 2018 ha cumplido el acuerdo de paz como tiene que ser, en orden", ha manifestado.

"Tan es así que incluso se va a cumplir en los próximos días parte del acuerdo de paz en el cual se va a radicar proyecto de ley que tiene que ver con la especialidad agraria para beneficiar a aquellas personas que son consideradas más pobres o vulnerables, como es darles el titulo de propiedad en materia de tierras", ha sostenido el también abogado, que ha destacado que la reforma judicial aprobada recientemente por el Senado es la primera en los últimos 25 años.

Por otra parte, ha lamentado el asesinato de líderes sociales y defensores de los Derechos Humanos en el país --ya van más de 80 en lo que va de año, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz-- y ha señalado que la selección de once jueces "itinerantes" para investigar y condenar a los implicados busca lograr una "menor impunidad".

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