Actualizado 31/05/2012 4:56:30 +00:00 CET

El ministro de Medio Ambiente presidirá la comisión de diálogo en Espinar

Protestas En El Espinar (Perú)
REUTERS/STRINGER PERU

LIMA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Medio Ambiente de Peú, Manuel Pulgar, ha sido designado como presidente de la comisión de diálogo que deberá atender las demandas de la población de Espinar, en el departamento de Cuzco, que se encuentra en medio de una huelga y una serie de protestas contra la minera Xtrata Tintaya.

En la comisión estarán también el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, y el titular de la cartera de Vivienda, René Cortejo, según ha informado el presidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés.

"Nosotros tenemos establecida una delegación que, cuando se restablezcan las condiciones de orden y paz, va a asistir (a la población). Les adelanto que el presidente (Ollanta Humala) ya la nombró", ha dicho Valdés, según ha informado el diario peruano 'El Comercio'.

Por otra parte, ha subrayado que el orden se mantendrá con firmeza y en base a las herramientas establecidas por la Constitución. Asimismo, ha señalado que no se permitirán actos vandálicos.

"Tenga por seguro que este problema (en Espinar) va a pasar porque queremos que el Perú se desarrolle armónicamente y como dijo el Presidente se necesita un desarrollo con inclusión social", ha apostillado Valdés.

Las autoridades regionales acusan a la minera Xtrata Tintaya de contaminar los ríos Salado y Cañipía y exigen un estudio ambiental en ambos. Asimismo, piden el aumento del tres por ciento al 30 por ciento del aporte voluntario.

En los enfrentamientos de este lunes, que estallaron cuando los mineros y residentes intentaron tomar el campamento de la mina, se saldaron con la muerte de cuatro civiles y más de 70 heridos entre agentes de las fuerzas de seguridad y manifestantes.

En respuesta, el Gobierno declaró a última hora del lunes el estado de emergencia en Espinar en un intento de frenar la violencia. La medida, que estará en vigor durante los próximos 30 días, implica la suspensión del derecho de reunión y libre tránsito en la zona y otorga a la Policía Nacional el control del orden en la localidad.