Actualizado 20/04/2018 08:27

Aumentan las protestas en Nicaragua contra la reforma de la Seguridad Social

MANAGUA, 20 Abr. (Reuters/EP) -

Miles de personas han protestado este jueves por segundo día consecutivo en la capital de Nicaragua, Managua, y otras ciudades del país, contra la polémica reforma de la Seguridad Social, que aumentará la cotización de los contribuyentes y reducirá las futuras pensiones.

En Managua los estudiantes han tomado la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), donde se han producido enfrentamientos con la Policía antidisturbios, que buscar recuperar la sede de la principal universidad del país con bombas lacrimógenas y balas de goma, según han informado testigos a la agencia de noticias Reuters.

La vicepresidenta del país, Rosario Murillo, ha justificado la represión contra "minúsculos grupos" como legítima defensa.

En la ciudad de Masaya también se han producido enfrentamientos y un centenar de personas que participaban en manifestaciones han sido agredidos por partidarios del Gobierno, dejando algunos heridos.

La señal de la televisión local 100% Noticias, que transmitía las protestas en directo, ha sido cortada de forma abrupta momentos después. La cadena ha calificado la medida como "arbitraria e ilegal" en su cuenta de Twitter.

"Estamos a merced de los antimotines ¿Cómo es posible que estén atacando una casa de estudios?", se ha preguntado Luis Palmaceda, profesor de la Universidad Nacional Agraria (UNA), otra de las universidades donde se han producido enfrentamientos.

Con las nuevas medidas, los trabajadores pasarán a aportar un siete por ciento de su salario al seguro del actual 6,25 por ciento; los empleadores pasarán a pagar un 22,5 por ciento de su remuneración comparado con el 19 por ciento actual. Por su parte, los jubilados tendrán que contribuir con el cinco por ciento de la cantidad que reciben de la pensión.

El director general del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), Roberto López, ha justificado que la medida es necesaria para darle sostenibilidad financiera a la institución por un período de 10 años, tras lo cual se requerirá un nuevo ajuste.