Lamenta la "grave crisis política, social y de Derechos Humanos" que vive Nicaragua
MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido de que el proceso electoral en Nicaragua avanza sin "garantías mínimas" democráticas, resultado de un aumento de la represión política con la que, según este organismo, el presidente Daniel Ortega busca "perpetuarse en el poder" a toda costa.
La CIDH, vinculada a la Organización de los Estados Americanos (OEA), ha resumido en su informe 'Concentración de Poder y Debilitamiento del Estado de Derecho en Nicaragua' la "grave crisis política, social y de Derechos Humanos" que vive el país centroamericano, llamado a las urnas el próximo 7 de noviembre.
Para la Comisión, no hay separación de poderes en Nicaragua, "donde el Gobierno tiene instalado un régimen de supresión de todas las libertades". Así, "todas las instituciones responden a las decisiones del Ejecutivo" que encabeza Ortega, aspirante a la reelección.
Los expertos han constatado una "intensificación" de la represión en los últimos meses y han puesto como ejemplo de esta escalada la detención "arbitraria" de más de 30 personas que han terminado acusadas de "cargos infundados" y "sin las debidas garantías judiciales". Entre ellas hay siete precandidatos presidenciales.
Además, las autoridades nicaragüenses han suspendido a tres partidos políticos y han emprendido un "continuo hostigamiento" contra organizaciones de la sociedad civil y defensores de los Derechos Humanos, "mediante el continuo cierre del espacio democrático y de la prensa independiente", reza un comunicado.
"Con estas acciones, el Gobierno busca perpetuarse en el poder mediante la realización de elecciones que no dan las garantías mínimas de libertad, acceso a la información, transparencia y pluralidad, en un contexto de cierre de todos los espacios democráticos y de impunidad estructural", ha lamentado la CIDH.
La Comisión ha determinado que no es un patrón nuevo, ya que la concentración de poder se intensificó con el regreso de Ortega al poder en el año 2007 y "se consolidó" con la crisis de 2018, marcada por las protestas ciudadanas contra el Gobierno. Más de 300 personas perdieron la vida en el marco de esta movilizaciones.
Al albor de la "grave crisis" de 2018 y del "profundo deterioro de la institucionalidad democrática" que vino después, la CIDH consideraba que las elecciones de noviembre representaban una oportunidad para "lograr el restablecimiento del Estado de Derecho y la democracia, así como la garantía del derecho a la memoria, verdad y el acceso a la justicia de las víctimas de la violencia estatal".
Sin embargo, considera que "todas las medidas arbitrarias adoptadas por el Ejecutivo y en particular las ejecutadas el presente año dan cuenta que el proceso electoral de las próximas semanas no cumple con los estándares interamericanos para garantizar elecciones libres, justas, transparentes y pluralistas".
La Comisión establece en su informe recomendaciones para las autoridades nicaragüenses, pero también para la comunidad internacional, de tal forma que "exija" al Gobierno que garantice el correcto desarrollo del proceso electoral y ponga fin de manera "inmediata" a la represión política, "así como a todas las demás violaciones a los Derechos Humanos que se vienen registrando en ese país".