Condenan a 216 años de prisión al líder de protestas en zonas rurales contra el presidente de Nicaragua

Protestas en Nicaragua
REUTERS / OSWALDO RIVAS - Archivo
Actualizado 19/02/2019 8:16:07 CET

MANAGUA, 19 Feb. (Reuters/EP) -

Un juez de Nicaragua ha condenado este lunes a 216 años de cárcel al líder campesino Medardo Mairena, quien dirigió en zonas rurales las protestas contra el presidente Daniel Ortega, dos días después de que el Gobierno iniciara un acercamiento con empresarios buscando saldar la crisis.

Una de las solicitudes de los empresarios del país para reanudar las conversaciones que pongan fin a la crisis que se vive desde abril de 2018, es que el Gobierno libere a los más de 600 presos considerados "presos políticos" por diversos organismos internacionales.

Mairena, coordinador del Consejo Campesino Anticanal, fue juzgado por terrorismo, asesinato y crimen organizado y, hasta antes de ser detenido en julio del año pasado, era uno de los miembros de la oposición que participó en el fracasado diálogo con el Gobierno.

A pesar de la condena de 216 años de cárcel contra Mairena, la Constitución del país establece que ningún nicaragüense puede pasar más de 30 años seguidos en prisión.

"Es una sentencia exagerada, irrisoria y política", ha señalado el abogado defensor de Mairena, Julio Montenegro. "Vamos a apelar para ir llenando todos los requisitos y acudir a tribunales internacionales", ha aseverado.

El juez Edgard Altamirano ha alegado en su sentencia que Mairena es el autor intelectual del asesinato de cinco agentes de Policía que murieron durante una protesta en un municipio del sur del país y del secuestro de otros dos oficiales.

Nicaragua atraviesa su peor crisis política desde que Ortega retomó la presidencia en 2007. Desde mediados de abril, miles han salido a las calles a protestar contra lo que consideran una "dictadura familiar" de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

Diversas organizaciones, entre ellas Naciones Unidas, han criticado el "uso excesivo" de la fuerza pública para controlar las protestas y han señalado al gobierno de Ortega de ser responsable de la mayoría de las más de 320 muertes reportadas, algo que el exguerrillero izquierdista ha negado en repetidas oportunidades.

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