El Congreso de Nicaragua anula el reconocimiento jurídico de otras cinco ONG críticas con el Gobierno

Asamblea Nacional de Nicaragua
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Actualizado 14/12/2018 7:51:15 CET

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Congreso de Nicaragua, controlado por los aliados del presidente, Daniel Ortega, ha cancelado este jueves el reconocimiento jurídico de cinco ONG críticas con el Gobierno en el marco de la crisis política que atraviesa el país, según ha informado el diario local 'La Prensa'.

Las organizaciones afectadas son el Instituto de Liderazgo de las Segovias, el Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), la Fundación del Río, el Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco) y la Fundación Popol Na.

La decisión ha sido tomada gracias al apoyo de 70 congresistas orteguistas. Al menos 16 legisladores del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Yatama y el Partido Conservador (PC) se opusieron a la anulación del reconocimiento jurídico del Instituto de Liderazgo de las Segovias.

Así, la Asamblea Nacional ha dado 72 horas a los organismos para que entreguen los sellos y documentos contables al Ministerio de Gobernación para luego acabar con sus operaciones en el país.

Al Instituto de Liderazgo de las Segovias se le ha aplicado la Ley Antiterrorista y contra el blanqueo de dinero. En su informe, el Ministerio de Gobernación le atribuye delitos de financiación de actos para "desestabilizar el país". Además sostienen que funciona de forma ilegal dado que carece de una junta directiva y no ha presentado documentos contables.

El Ipade, dirigido por Mauricio Zúñiga, también se le ha aplicado la legislación contra el terrorismo. Según el Gobierno, este organismo ha operado desde 1990 y ha participado como observador electoral en los comicios. Es acusado de "promover campañas de desestabilización del país".

La medida ha sido calificada por organizaciones internacionales como una "venganza" contra las ONG por poner en evidencia "violaciones contra los Derechos Humanos" en los ocho meses de protestas antigubernamentales, que han dejado al menos 322 muertos y más de 500 personas detenidas, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).

Los diputados oficialistas acusan a las ONG de recibir dinero para financiar un supuesto golpe de Estado que busca desbancar a Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

La crisis estalló en abril cuando miles de personas tomaron las calles de Managua y otras ciudades por una polémica reforma de la seguridad social. Las manifestaciones crecieron rápidamente en número y en demandas hasta reclamar la "democratización" de Nicaragua.

Ortega intentó apaciguar los ánimos revocando la medida y lanzando un diálogo nacional que no dio resultados, precisamente, por la negativa del líder sandinista a convocar elecciones anticipadas. Las próximas presidenciales están previstas para 2020.