MANAGUA, 9 Jun. (Reuters/EP) -
El Congreso de Nicaragua ha aprobado este sábado una ley de amnistía que es vista por la oposición y por Naciones Unidas como un intento de dar impunidad a los policías y civiles que han participado en la represión producida durante las manifestaciones antigubernamentales que comenzaron en abril de 2018.
La legislación, aprobada con los 70 votos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), un día después de haber sido propuesta por el Gobierno, permitiría también liberar a manifestantes arrestados en las protestas, a los que la Administración del presidente Daniel Ortega ha calificado de "terroristas".
"Estamos ante un acto de soberanía que busca la paz y la reconciliación (...) Nos duele tener que amnistiar a asesinos confesos de policías, a torturadores", ha señalado durante el debate de la norma el diputado Edwin Castro, jefe de la bancada del FSLN en el Parlamento.
El Gobierno ha responsabilizado a la oposición de los crímenes de policías y de militantes del FSLN; sin embargo, una comisión de expertos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que investigó los hechos culpó a la Policía y a civiles armados leales a Ortega de la mayoría de las muertes. También les adjudicó posibles "crímenes de lesa humanidad".
Así, la amnistía se extendería "a las personas que no han sido investigadas, que se encuentran en procesos de investigación" o en procesos penales y "en cumplimiento de ejecución de sentencias", según recoge la normativa.
En este sentido, el mandatario nicaragüense se comprometió a liberar a los detenidos en las manifestaciones antigubernamentales que comenzaron en abril del año pasado como un gesto para retomar el diálogo con la oposición y acabar con la crisis política.
El Gobierno del país excarceló a 521 "presos políticos", pero aún están en prisión 182, según el Comité de Familiares de Presos Políticos. Por otra parte, varios organismos de Derechos Humanos han señalado que fruto de estas protestas, más de 324 personas han muerto, en su mayoría, manifestantes opositores.
"La amnistía es una promesa de impunidad para quienes bajo las órdenes de la pareja Ortega y Rosario Murillo (vicepresidenta y primera dama) cometieron crímenes", ha afirmado María Teresa Blandón, integrante de la opositora Unidad Azul y Blanco, un grupo que aglutina a movimientos sociales y partidos opositores.
Por su parte, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha mostrado a través de un comunicado oficial su preocupación por esta ley, ya que "podría impedir el procesamiento de personas potencialmente responsables de graves violaciones de derechos humanos" cometidas durante las protestas.
"Mi oficina y los mecanismos regionales han expuesto las graves violaciones y abusos cometidos desde abril de 2018 en Nicaragua, en particular el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía que, en algunos casos, resultó en ejecuciones extrajudiciales; desapariciones forzadas, casos de tortura y violencia sexual, y detenciones arbitrarias o ilegales generalizadas, ocasionalmente cometidas por elementos armados progubernamentales con la aquiescencia de las autoridades", señaló Bachelet.
La alta comisionada ha recordado que "más de 300 personas resultaron muertas, 2.000 heridas, cientos de personas que se opusieron al Gobierno han sido encarceladas y más de 700 han sido procesadas, y el Gobierno tiene el deber de garantizar la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas".
CRISIS POLÍTICA
La crisis, que estalló en abril de 2018, comenzó con protestas por una polémica reforma de la seguridad social que crecieron rápidamente hasta exigir la "democratización" de Nicaragua, en lo que ha sido el mayor desafío a Ortega en sus quince años de gobierno.
Más de 300 personas murieron y otras cientos fueron detenidas. Expertos del sistema interamericano que viajaron al país para constatar la situación interna han recomendado en un informe juzgar a Ortega por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la represión de las protestas.
El líder 'sandinista' ofreció entonces un diálogo nacional que fracasó por su negativa a convocar elecciones anticipadas. El pasado mes de febrero, las partes acordaron retomar las conversaciones y celebraron las primeras reuniones. Desde entonces la Alianza Cívica ha denunciado en numerosas ocasiones incumplimientos del Gobierno.