GINEBRA, 29 Ago. (Reuters/EP) -
El Gobierno de Nicaragua ha considerado "parcializado" el informe del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos que denuncia la represión contra manifestantes opositores y ha recriminado a los investigadores que no hayan tenido en cuenta también la violencia de "grupos golpistas".
Más de 300 manifestantes han muerto desde que estallaron en abril las protestas contra el Ejecutivo de Daniel Ortega. Además, más de 300 han sido detenidos, mientras que otros muchos que se han expresado en contra del oficialismo se han visto obligados a esconderse o abandonar el país, según el informe.
Nicaragua ha respondido para dejar claro que "no está de acuerdo con el contenido y las recomendaciones del denominado informe por estar basadas en informaciones parcializadas y subjetivas", según un documento de 33 páginas al que ha tenido acceso la agencia Reuters. El estudio, en opinión de las autoridades nicaragüenses, "induce a recomendaciones innecesarias y sin fundamento".
En este sentido, el Gobierno de Ortega ha echado en falta una "preocupación" del Alto Comisionado "por los actos de violencia de parte de grupos golpistas", quienes habrían lanzado "un intento fallido de golpe de Estado" antes de provocar víctimas en las calles y limitar la libre circulación de personas. El Ejecutivo ha defendido que no ejerce una política represiva, sino que se ha limitado a restaurar la paz.
Managua ha aludido a la muerte de 22 policías como ejemplo de la violencia ejercida por los manifestantes, si bien los investigadores de la ONU aseguran que no existen pruebas de una violencia coordinada por parte de los movimientos opositores.
RECOMENDACIONES
El Alto Comisionado ha instado tanto al Consejo de Derechos Humanos de la ONU como a la comunidad internacional en general a que "adopten medidas específicas con el fin de evitar que la crisis actual degenere en disturbios sociales y políticos aún más graves", en la medida en que consideran que el mundo "aparta la vista" frente a lo que ocurre en el país centroamericano.
Además, el informe hace un llamamiento al Gobierno de Ortega a que cese de inmediato el acoso, la intimidación y la penalización de las protestas, además de disolver y desarmar a los elementos progubernamentales, suspender los arrestos ilícitos y poner en libertad a las personas que han sido detenidas arbitrariamente.
También insta al Ejecutivo nicaragüense a que adopte medidas urgentes para garantizar la independencia e imparcialidad de la judicatura y a que reanude de manera positiva el diálogo nacional entre funcionarios gubernamentales y representantes de los diversos sectores, con miras a lograr acuerdos basados en los principios de la democracia y los Derechos Humanos.